El Tribunal de Justicia de la UE ha validado esta semana la comunicación de la Comisión Europea (CE) de 2013 en la que se obligaba a los bancos a presentar un plan sólido de reestructuración o liquidación y a recurrir a los accionistas y bonistas júnior antes de solicitar inyecciones del Estado o medidas de protección de activos. En otras palabras, obliga a que sean los accionistas quienes carguen con las consecuencias de la mala gestión de la entidad financiera antes de que el gobierno de turno salga al rescate inyectando dinero de todos los contribuyentes en un banco privado.

Concretamente, el Alto Tribunal con sede en Luxemburgo considera en su sentencia que el reparto previo de las cargas entre los accionistas y los acreedores subordinados para la autorización por parte de la CE de las ayudas de Estado a favor de un banco con problemas «no infringe el Derecho de la Unión».

La Corte respondió así en un caso en el cual el Banco de Eslovenia constató en 2013 que cinco bancos de ese país presentaban un déficit de capital y, según los casos, adoptó medidas para la recapitalización, el rescate y la liquidación de los mismos. La CE autorizó las ayudas, que incluían medidas como la cancelación de acciones y deuda subordinada.

Más allá de Roma

A estas alturas, la repercusión de esta sentencia del Tribunal de Luxemburgo puede ser mayor en Italia que en Eslovenia. Al Gobierno presidido por Matteo Renzi ya se le ha advertido desde Alemania, aunque haya sido de forma oficiosa, de que no debe ni pensar en salir al rescate de los bancos transalpinos que se encuentran en graves dificultades, especialmente debido a la elevada morosidad en la que han incurrido quienes han recibido créditos que ahora no pueden devolver, como se observa en la infografía que acompaña este texto.

Paradójicamente, según comentan los expertos, muchos de los acreedores que pueden verse afectados son pequeños accionistas de los bancos y pequeñas empresas que, tradicionalmente, invierten una parte de su efectivo en préstamos a los bancos para, así, obtener mayores beneficios que si lo dejaran en depósito a intereses, ahora, cercanos a cero.

Todavía no está claro si Renzi se atreverá a desafiar las nuevas normas de la UE que impiden rescatar a los bancos antes de que sus accionistas asuman una “quita” importante. Recientemente, el semanario británico “The Sunday Telegraph” levantó todas las alertas al publicar que el Gobierno italiano peleaba con Bruselas para que se le permita poner en marcha un plan de salvamento de 50.000 millones de euros.

Representando una de las economías más importantes de la UE y de la eurozona, la situación de Italia también amenaza con una quiebra en cascada teniendo en cuenta las dificultades que ya atraviesan, entre otros, los bancos de Portugal y del Estado español.

Privada y pública

Otro organismo que tiene sede en Luxemburgo es Eurostat, la Oficina de Estadística de la UE, que este viernes también ofreció datos preocupantes en torno a la deuda, en este caso, la de los Estados miembro.

La deuda de la zona euro en el primer trimestre del año alcanzó un total de 9,6 billones de euros, cifra que supone un incremento de 165.280 millones respecto a los tres meses anteriores y que elevó el porcentaje de endeudamiento sobre el PIB al 91,7% desde el 90,7% del cierre de 2015. En el conjunto de la UE, la ratio de deuda se situó en el primer trimestre en el 84,8%, frente al 85,3% del cierre de 2015 y el 88,1% del primer trimestre del año pasado.

Entre los estados cuyos datos estaban disponibles al realizar este informe, la mayor ratio de deuda correspondió a Grecia (176,3%), por delante de Italia (135,4%) y Portugal (128,9%), mientras que en Chipre se situó en el 109,3%, en Bélgica en el 109,2% y en el Estado español en el 100,5%.

Combinando los niveles de la deuda privada, de la morosidad en los créditos bancarios y de la deuda pública, está claro cuáles son los puntos más débiles de la escalera económica de la UE.

Otro de los datos relevantes que recoge el documento de Eurostat es el que indica que, en cuanto a lo que a los Veintiocho se refiere, los ingresos públicos cayeron en el primer trimestre de este año hasta el 44,9% del PIB, frente al 45,3 % de los tres meses previos, mientras que los gastos decrecieron hasta el 46,8% del PIB desde el 47,6 % de finales de 2015.

El BBVA calcula que una retroactividad total le costaría 1.200 millones

El agobado general del Tribunal de Justicia de la UE ha dado un respiro a la banca española al posicionarse en contra de que se devuelva a los usuarios el exceso cobrado por las cláusulas suelo de las hipotecas. La Corte de Luxemburgo no dará su fallo definitivo hasta fin de año.

Para entender el alcance que puede tener la resolución judicial, basta con señalar que el BBVA cifra la retroactividad total de sus cláusulas suelo en un máximo de 1.200 millones de euros, si bien considera que el impacto en sus cuentas sería «probablemente menor» teniendo en cuenta la experiencia en supuestos similares.

Esa sería la cantidad que tendría que devolver si no se tuviera en cuenta el límite temporal que ha fijado el Tribunal Supremo español: mayo de 2013.T.F.