No sólo he debilitado a la oposición. Los haré matar a todos…y si alguien es lo suficientemente fuerte para organizar una protesta, moleré a palos a todos esos perros y los meteré en una jaula». Con el amenazador lenguaje que agria habitualmente sus discursos, Hun Sen respondió desafiante a los que auguraban su caída en 2011. Una más en el «club de los 10.000», aquel grupo de autócratas conformado por Muammar Gaddafi, Hosni Mubarak o Alí Abdallah Saleh. Al contrario de lo que ocurrió en Libia, Egipto o Yemen, Hun Sen consiguió acallar las críticas y refrendar su poder en 2013, lo que sin embargo no logró mitigar la conflictividad en el país.

Desde entonces, las calles de la capital claman por salario mínimo de supervivencia para las trabajadores del textil. «Vivir con 100 dólares es muy difícil», asegura Sokny Say, secretaria general del FTUWKC, uno de los sindicatos más críticos con el Gobierno, cuyo líder fue ejecutado. Otros cinco manifestantes perdieron la vida durante las protestas y otros 40 más resultaron heridos. Además, 23 personas, entre ellos importantes líderes sindicales, fueron detenidas en una campaña de «violencia e intimidación» denunciada por las entidades de derechos humanos. «Pese a todo, nuestras demandas siguen vigentes», recuerda Sokny.

Aunque el PIB ha mantenido en los últimos años un crecimiento constante del 7%, la pobreza sigue lacerando al país. Casi diez millones de personas, de una población que apenas supera los quince millones, viven con menos de dos dólares al día. «Es cómo está distribuida la riqueza lo que importa. La desigualdad económica ha empeorado en Camboya», asegura el profesor Sophal Ear.

En los últimos 15 años, cuatro millones de hectáreas, un 22% de la superficie total del Estado, han sido expropiadas para ser entregadas a consorcios privados a cambio de contratos millonarios. 770.000 civiles, el 6% de la población, han sido expulsados de sus tierras en una maniobra de desalojos que ha sido llevada ante la Corte Penal Internacional. La «élite en el poder», Gobierno, Fuerzas Armadas y grandes empresarios, están acusados de «crímenes contra la humanidad» por traslados forzosos, muertes y arrestos ilegales cometidos con el único fin de enriquecerse y mantenerse en el poder.

«La corrupción, la corrupción», repite como un mantra el profesor Ear. El colegio, el pasaporte, la cárcel…todo en Camboya baila al ritmo de las mordidas. El país ocupa el puesto 150 de 168 en el índice elaborado por Transparencia Internacional. A lo largo de sus más de 30 años de mandato, Hu Sen ha reinventado su política abrazando el libre mercado y convenciendo a los mandatarios internacionales para que sigan aportando al país más de 500 millones de dólares pese a los escándalos de corrupción y de abuso de poder que envuelven al Ejecutivo.

No obstante, su continuidad en el Gobierno sólo se explica por el uso de la fuerza. «Durante su tiempo en el poder, centenares de figuras de la oposición, periodistas y líderes sindicales han sido asesinados por motivos políticos (…) Aunque en las últimas décadas ha permitido un pequeño espacio para la oposición, la pátina del aperturismo ha ocultado una subyacente realidad de represión», se asegura uno de los últimos informes de Human Rights Watch (HRW).

Los que se han atrevido a interponerse en sus intereses han sido silenciados. Muertos o desterrados. El catalán Alejandro González Davidson convenció a los indígenas para expulsar a los trabajadores chinos que trataban de levantar una presa en el bosque sagrado de Areng. A él lo protegió su pasaporte. Tres años antes, Chut Wutty, uno de los mayores líderes ambientales, fue abatido por los militares en las montañas de Cardamón cuando documentaba un caso de tala ilegal. Desde entonces, al menos otros dos periodistas locales han sido ejecutados.

Sam Rainsy, ¿cobarde o estratega?

Desde mayo, todos los lunes en Camboya son «lunes negros». Las calles se llenan de camisetas de ese color para exigir la liberación de los activistas de derechos humanos acusados de sobornar a una mujer para que silenciase un escándalo sexual que involucraba al vicepresidente del opositor Cambodia National Rescue Party, Kem Sokha, convertido en el gran azote de Hun Sen. Su destrucción política antes de las cruciales elecciones locales de 2017 era una prioridad.

Su líder, el gran patrón opositor, Sam Rainsy, permanece exiliado desde noviembre en el Estado francés para evitar ser arrestado. Algunos ven en esa decisión un intento de asemejar su historia a la de la premio Nobel de la Paz birmana, Aung San Suu Kyi. Otros simplemente creen que es un cobarde. «Es fácil ser el líder autoritario de un pobre país agrícola cuando tu principal rival vive en un apartamento cerca de la torre Eiffel», se escucha estos días en Camboya.

Con la oposición descabezada, Hun Sen encara la reelección en 2018 sin nadie que pueda discutir su mandato. ¿Es esto lo que necesita el país? «Lo que necesita Camboya es alguien que no necesite usar la violencia contra su gente», apunta Ear. Actualmente, 29 personas permanecen en prisión por sus reivindicaciones. En julio, el analista político Kem Ley, crítico con el Gobierno, fue abatido en la capital. Es lo que sucede en Camboya cuando alguien alza la voz contra los excesos del primer ministro.