El Ministerio del Interior turco intervino ayer 28 ayuntamientos y sustituyó a sus alcaldes por administradores bajo el argumento de supuestos vínculos con la guerrilla kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y con la red del predicador Fethullah Gülen, a las que Ankara acusa de ser grupos «terroristas». De los municipios intervenidos, la mayoría en Kurdistán Norte, 24 estaban regidos por alcaldes de partidos kurdos, a los que se acusa de tener lazos con el PKK.

En otras cuatro localidades, tres regidas por el gubernamental AKP y otra por el MHP, Interior sospecha de contactos con la red Gülen, a la que el Gobierno acusa de organizar el fallido golpe de Estado del 15 de julio.

Esta medida ha sido dictada por decreto gracias a los poderes especiales que el Gobierno ejerce dentro del Estado de emergencia impuesto el 21 de julio tras la asonada golpista.

Doce de los alcaldes han sido detenidos y la Policía ha extremado las medidas de seguridad en los edificios municipales en los que los administradores comenzaron ayer su trabajo. Los administradores nombrados por el Ejecutivo central dirigirán esos municipios hasta que Interior tome otra decisión o se celebren elecciones locales.

El partido prokurdo HDP, tercera fuerza del Parlamento, criticó la intervención y aseguró que no la aceptará. «Se trata de una violación de los derechos humanos y tratados internacionales», denunció. «No hay diferencia entre el bombardeo de un Parlamento elegido por el pueblo y el desalojo de funcionarios municipales» elegido en 2014, señaló.