La plantilla de la Administración pública de la CAV está integrada por más de 80.000 personas, de las cuales un 4% –unas 3,200– podrían resultar afectadas de forma directa por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a las instituciones del Estado español a igualar las indemnizaciones por despido de los trabajadores temporales con la de los indefinidos. En la práctica, esto supone que las indemnizaciones deben ser de 20 días por año trabajado, en lugar de los 12 días que se aplicaban hasta ahora en algunos casos.

No obstante, ELA informó ayer de que, en el conjunto del sector público vasco hay 45.000 trabajadoras y trabajadores temporales. Según los datos aportados por este sindicato, el 35% de los empleados de los ámbitos local, foral y autonómico (sanidad, educación, justicia, empresas públicas... ) está conformado por temporales, «superándose en el sector público la tasa de temporalidad existente en el sector privado».

Una apuesta estratégica

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ya ha dictado dos sentencias en las que ha aplicado la directriz del TJUE. La primera de ellas afectó a una trabajadora que había sido contratada de manera eventual por una fundación dependiente de la Administración de la CAV. El Gobierno de Iñigo Urkullu indicó este martes que no recurrirá este fallo pero no quiso confirmar si en adelante aplicará en todos los casos la indemnización de 20 días. Josu Erkoreka comentó que el Ejecutivo está «analizando todas las posibilidades» antes de decidir cómo actuar. Tampoco quiso cuantificar el coste que puede suponer para las arcas públicas argumentado que dependerá de cuántos contratos concluyan y de la duración de los mismos.

ELA, que ayer convocó una concentración en Lakua para exigir que se cumpla las sentencias del TJUE, la cuestión de fondo es que las instituciones han decidido «apostar de manera estratégica por la precariedad en el empleo público» para, así, «cubrir con empleo temporal necesidades estructurales del sector público». Y advierte de que esta utilización de la contratación temporal «ha sido y es un instrumento muy útil para destruir empleo público y privatizarlo, como demuestra que en los últimos años se han destruido más de 21.400 empleos públicos en la CAPV», según datos recogidos por Eustat.

Grandes empresas con muchos temporales

La eventualidad laboral también se ha extendido ampliamente entre las grandes empresas de nuestro país. A raíz de ello, los sindicatos continúan movilizándose para denunciar esta situación, como ha ocurrido esta semana en Mercedes y en ZF-RTW.

En Gasteiz, el jueves, LAB llevó a cabo una concentración con el lema “Modelo Mercedes: precariedad y despidos”, en la que informó de que en los últimos meses la empresa ha despedido a algunos trabajadores eventuales antes de que finalizara su contrato alegando «bajo rendimiento». Para la central abertzale, esto «es reflejo de la actitud que tiene Mercedes respecto a las y los eventuales, consecuencia directa de su política de empleo. Así, utiliza a su antojo a trabajadoras y trabajadores para incrementar beneficios».

Por su parte, CGT reiteró ayer que la dirección de ZF-RTW tiene un «plan de destrucción de empleo» en la planta de Iruñea. Subrayó que la multinacional anunció el jueves la contratación de 18 eventuales cuando para diciembre están previstos 22 despidos, que se sumarán a los 101 ya realizados en el marco del ERE de extinción de 123 contratos. Durante tres meses., la empresa ha contratado a más de 200 eventuales y, además, se mantiene un excedente de más de 35.000 horas extraordinarias. GARA