Tras siete años de negociaciones y con tres días de retraso respecto a la fecha prevista, debido al conato de rebelión del Parlamento de Valonia, la Unión Europea y Canadá firmaron ayer solemnemente el acuerdo de libre comercio conocido como CETA. Se trata del acuerdo de estas características más importante firmado nunca por Bruselas, que no se cansa de insistir en las grandes cifras con las que lo presenta: un convenio que engloba a 543 millones de personas a ambos lados del océano Atlántico, con un impacto económico previsto de 12.000 millones de euros al año en Europa (8.000 en Canadá).

Las autoridades europeas no disimularon su satisfacción: «El CETA es el mejor acuerdo y el más progresista negociado nunca por la UE», aseguró el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. «La alternativa al libre comercio es aislamiento y proteccionismo», reivindicó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Entre ambos se colocó ayer un sonriente primer ministro canadiense. Justin Trudeau viajó a Bruselas de urgencia, después de haber cancelado a última hora la cumbre prevista para el pasado jueves, cuando Valonia todavía no había dado su brazo a torcer. «Las cosas difíciles son difíciles, pero lo hemos conseguido y eso es lo importante», declaró Trudeau.

El acuerdo, que elimina barreras arancelarias y abre las puertas de Europa a los productos canadienses (y viceversa), se empezó a negociar en 2009 y se acordó en 2014. Sin embargo, el resultado de la negociación no se dio a conocer hasta agosto de 2015, clara muestra de la opacidad con la que se ha negociado el convenio, según denuncian los críticos con el CETA. La oposición, de hecho, ha ido creciendo y, sin ir más lejos, ayer 16 personas fueron detenidas en Bruselas mientras protestaban contra la firma del tratado.

Pero la principal oposición llegó del Parlamento de Valonia. La región francófona de Bélgica bloqueó la firma del acuerdo por sus reservas a varios de sus puntos. Finalmente, dieron su brazo a torcer, no sin antes conseguir que Bélgica pregunte al Tribunal de Justicia de la UE sobre los tribunales de arbitraje y se comprometiera a evaluar constantemente la aplicación del tratado. Ayer Juncker sacó pecho porque del texto original no se ha movido ninguna coma, pero lo cierto es que al CETA le queda un largo camino para entrar completamente en vigor.

Un tratado con un largo camino para su plena entrada en vigor

La mayor parte del tratado entrará provisionalmente en vigor a partir del próximo mes de enero, cuando el Parlamento Europeo, de forma previsiblemente holgada, dé su visto bueno al texto final firmado ayer por la Comisión Europea. Pero el camino para que el tratado pueda implementarse completamente se prevé largo y tortuoso, ya que tendrá que pasar por todos los parlamentos europeos con competencias en materia de comercio internacional.

Dentro de ese paquete que todavía no entrará en vigor se sitúan los polémicos tribunales de arbitraje. Se trata de las instancias a las que una empresa privada puede recurrir cuando considera que la actuación de un estado perjudica sus inversiones, y han sido fuertemente criticados por quienes consideran que son una herramienta de presión en manos de las empresas, que pueden amenazar a los estados para que no legislen, por ejemplo, para luchar contra el cambio climático.

Vista la polémica, los negociadores europeos y canadienses acordaron crear unos tribunales específicos (ICS) con mayores garantías. Pero los críticos no se fían. Debido a la presión de Valonia, Bélgica preguntará al Tribunal de Justicia de la UE sobre la compatibilidad de estos tribunales privados con los tratados comunitarios. Una cuestión que estudia también, por su cuenta, el Tribunal Constitucional alemán, que analiza si los mecanismos de arbitraje del CETA entre inversores y estados son compatibles con la legalidad alemana.GARA