Un informe de la Defensora del Pueblo de Sudáfrica, que la Justicia obligó a publicar ayer, insta a la Fiscalía y a la Policía a investigar presuntos delitos de corrupción en la cúpula del Estado. El informe implica al presidente, Jacob Zuma, en actividades ilegales para la concesión de contratos públicos a una familia de empresarios, los Gupta, con la que tiene amistad.

El documento, que ordena la apertura de una investigación en un plazo de 30 días, fue publicado después de que Zuma retirara el recurso que presentó ante la Justicia para evitar su difusión.

La Defensora del Pueblo recopila numerosas denuncias de maniobras de Zuma y varios ministros y cargos públicos para garantizar a los Gupta acceso a lucrativos contratos en minería, armamento o transportes. La compañía eléctrica nacional Eskom, la armamentística Denel y la de transportes Transnet son algunas de las empresas públicas implicadas en lo que ha venido a llamarse la «captura del Estado» por parte de los Gupta.

Miles de opositores, la mayoría militantes de los Combatientes por la Libertad Económica (EFF) que se manifestaban ante el Tribunal de Pretoria, se dirigieron al palacio presidencial tras la publicación del informe para reclamar la dimisión de Zuma. La Policía disparó balas de goma y utilizó cañones de agua para dis- persarlos, sin lograrlo.

Zuma, que ha sobrevivido a muchos escándalos desde su acceso a la Presidencia, en 2009, suscita cada vez más críticas tras la derrota del ANC en las elecciones locales de agosto. Esta semana, la fundación Nelson Mandela y uno de los principales sindicatos de la función pública, Nehawu, pidieron su renuncia.