Amnistía Internacional (AI) denunció ayer la muerte de al menos 800 personas en relación a las protestas que se iniciaron hace casi un año en Etiopía y pidió al Gobierno medidas concretas para proteger los derechos humanos en el país.

«Sigue habiendo grandes tensiones y la situación de los derechos humanos es extrema, con detenciones masivas, cortes de internet y enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas de seguridad y las comunidades locales», manifestó en un comunicado el director de AI para África Oriental, Michelle Kagari.

Desde Amnistía exigen la liberación de los presos políticos y la derogación de «leyes represivas», incluida la ley antiterrorista de 2009, cuya vaguedad ha permitido al Gobierno vincular a la oposición con actos terroristas y «ha contribuido a la agitación» en el país.

Las protestas estallaron en Oromia en noviembre de 2015 en contra de los planes urbanísticos que buscaban expandir la capital, Adis Abeba, en tierras de esta región central, la más grande del país. Poco después, las demandas de los oromo, el grupo étnico más importante de Etiopía, evolucionaron hacia la exigencia de más autogobierno, más presencia en las instituciones políticas, una mayor redistribución de la riqueza y respeto a su identidad.

Los oromo han experimentado una marginación y persecución sistemáticas por parte de las fuerzas gubernamentales, que han utilizado un uso excesivo de la fuerza contra sus protestas pacíficas.