Con motivo de la conmemoración de la firma de los Acuerdos de la Paz el 29 de diciembre de 1996, líderes espirituales mayas de diferentes puntos de Guatemala llegó al sitio arqueológico Kaminal Juyú, ubicado en la capital, para clamar por la paz, la concordia y la armonía entre los guatemaltecos.

El subsecretario de la Secretaría de la Paz, Rigoberto Casasola, recordó que uno de los doce acuerdos firmados hace veinte años, y aún pendientes de ser implementados en su totalidad, se refiere a la identidad y derecho de los pueblos indígenas –maya, garífuna y xinca–, que representan el 40% de sus 16 millones de habitantes.

La firma de los Acuerdos de Paz puso fin a un guerra civil de 36 años (1960-1996) que dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, sobre todo en las zonas indígenas del oeste y del norte de Guatemala. La Comisión de la Verdad acusó al Estado de la mayoría de las masacres y las violaciones de los derechos humanos.

Pero las causas que originaron el conflicto armado, como la pobreza y la desigualdad social, aún persisten. El 59,3% vive bajo la línea de la pobreza, y esta afecta al 79,2% de los indígenas, mientras que la incidencia entre los mestizos es de un 46,6%. Y es el desarrollo de las zonas indígenas una de las cuestiones pendientes.

La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG Maíz), el partido más representativo de la izquierda, nacido de la guerrilla, pidió una «segunda oportunidad» para reorientar a Guatemala hacia el cumplimiento de los acuerdos.

«Aun con un saldo negativo de cumplimiento, es innegable que marcaron el inicio de un proceso ya irreversible, de construcción de una Guatemala moderna, de creciente desarrollo, con justicia social y representativa de los pueblos que la conformamos», señaló, y constató «avances importantes» en materia de reconocimiento de derechos sociales, especialmente en el combate a la corrupción y la impunidad. Pero denunció que «la pobreza y la desigualdad social; el racismo y la marginación contra los pueblos indígenas; la falta de espacios reales de participación política ciudadana y el subdesarrollo general de nuestro país siguen prevaleciendo».

La URNG achacó el incumplimiento a una responsabilidad compartida de las élites del poder económico dominante y de la propia izquierda política y social, que aún consciente de la necesidad de un cambio profundo se dividió y debilitó. Y dejó en manos de las nuevas generaciones, en particular mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, «la oportunidad de darle continuidad a la lucha y forjar un país mejor».