En el último Consejo de Ministros, celebrado el pasado viernes, el Gobierno español aprobó el decreto que establece una subida de las pensiones del 0,25%, que es el incremento mínimo anual fijado por ley y que, en esta ocasión, ya había sido adelantado por Madrid en el proyecto presupuestario enviado a Bruselas el pasado mes de octubre.

Al haber aprobado esta revalorización de las pensiones vía real decreto, no tiene rango de ley, por lo que no necesita ser convalidada en el Congreso de los Diputados. De esta forma, el PP, que gobierna en minoría pese a su pacto con Ciudadanos, evita una teórica derrota parlamentaria y el PSOE intenta mantener la imagen de partido de oposición al reclamar formalmente una subida mayor.

Este mínimo incremento afectará a cerca de 9,5 millones de pensiones contributivas y a unas 455.000 no contributivas. Se trata del cuarto año consecutivo en el que suben un 0,25%, por lo que es lógico deducir que este era el objetivo real del PP cuando aprobó la última reforma, ya que hasta entonces la revalorización estaba indexada a la evolución anual del IPC.

La misma reforma fija un techo máximo del IPC más un 0,50%. Si se hubiera aplicado este cálculo en lugar del mínimo, la subida habría sido del 2,0%, es decir, ocho veces mayor que la recogida en el decreto del pasado viernes. Y es que, aunque el INE no publicará el dato oficial correspondiente a diciembre hasta el próximo 15 de enero, ya ha adelantado que prevé una subida mensual de ocho décimas en el índice de precios de consumo, lo que elevará el IPC anual hasta el 1,5%.

Menos poder adquisitivo

De lo que no hay duda es que con estos datos, diez millones de personas han sufrido una notable pérdida de poder adquisitivo durante el año recién concluido, lo que no ocurría desde el año 2012. Y, según indican muchos analistas, la pérdida podría ser mayor en este 2017, ya que se estima que el IPC anual podría llegar al 2,0%.

De las 9.476.780 pensiones contributivas que se revalorizaron automáticamente este 1 de enero, 6 de cada 10 son de jubilación. Según el cálculo realizado por Europa Press como ejemplo, la pensión mínima de jubilación de una persona con 65 o más años y cónyuge a cargo pasará de 784,9 euros al mes por catorce pagas a 786,86 euros mensuales. Quienes no tengan cónyuge cobrarán un mínimo de 637,7 euros, frente a los 636,1 euros de 2016, mientras que quienes tienen cónyuge pero no a cargo percibirán 605 euros mensuales (hasta ahora cobraban 603,5 euros).

Lejos de la Carta Social Europea

Durante 2016, las asociaciones de pensionistas han mantenido una constante movilización, incluyendo la recogida de firmas para impulsar respectivas iniciativas legislativas populares (ILP) en los parlamentos de Gasteiz e Iruñea, para reclamar que «pensiones justas».

En este contexto, la Plataforma de Asociaciones de Mayores de Gipuzkoa hizo una «valoración comparativa Euskadi-UE» que utilizó como base para reforzar la «reivindicación histórica» de que ninguna pensión pública esté por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

No obstante, la plataforma puntualizó que el SMI «debe ajustarse a lo establecido por la Carta Social Europea», que recoge que debería ser «una cuantía igual al 60% del salario medio del país». En el caso del Estado español, la cifra correspondiente a 2016 era de 1.080 euros mensuales (12.960 euros al año).

Sí hubo real decreto para el SMI pero no para las cláusulas suelo

Otro de los acuerdos adoptados vía real decreto en el último Consejo de Ministros del año fue el que establece la subida del 8% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2017, hasta los 707,70 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 9.907,80 euros anuales ya que se reparten catorce pagas. Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, el SMI queda fijado en 33,51 euros por jornada, en tanto que para empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, queda en 5,54 euros por hora.

Esta medida fue consensuada por el Gobierno de Mariano Rajoy con el PSOE, que la presentó como un logro de su estrategia de permitir al PP gobernar con minoría parlamentaria. En cambio, UGT y CCOO se mostraron sorprendidos e indignados, ya que estaban presionando al Ejecutivo para que elevara el SMI hasta los 800 euros.

Por otro lado, el propio Rajoy, en su comparecencia del viernes ante la prensa, informó de que ha quedado aplazada la aprobación del «código de buenas prácticas» al que podrían suscribirse de forma voluntaria los bancos para atender las reclamaciones de clientes afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas.

El presidente español arguyó que en este tema no ha logrado el consenso del PSOE, que aboga por un sistema obligatorio para los bancos, pero dijo que se compromete a encontrar una solución extrajudicial. GARA