Isidro ESNAOLA
SUBIDA DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

LOS SECRETOS QUE ESCONDE LA FACTURA ELÉCTRICA

El precio de la electricidad ha alcanzado máximos. El Gobierno español ha tratado de justificar el hecho apelando a los elementos. Un intento de poner el foco lejos del lado oscuro de un mercado eléctrico fuertemente intervenido y dominado por un oligopolio.

Desentrañar las interioridades del mercado eléctrico es como pasear por un campo minado armado con una simple vara de avellano: muy poca defensa para tanta trampa. Un ámbito tan oscuro es propicio para que periódicamente aparezca alguna polémica. Esta vez ha sido a cuenta de los precios alcanzados por la electricidad en las subastas diarias: han superado los máximos de diciembre de 2013 en plena ola de frío. El anterior récord estaba en 88 euros MWh y llevó al Gobierno español a cambiar el sistema utilizado para fijar el precio. Dos años se han mantenido los precios por debajo de aquel máximo hasta que el miércoles llegaron a los 91,88 euros MWh, terminando con la tranquilidad en el sector y alarmando a la sociedad. La pregunta que se hace todo el mundo es como afecta esta subida a nuestro recibo de la luz.

La factura eléctrica

La factura que recibimos habitualmente nos puede dar muchas pistas sobre lo que pasa con la electricidad en el Estado. Cuando cambió el sistema de precios, el Gobierno –vía BOE– se preocupó de regular la información que debía contener el recibo para ofrecer una imagen más transparente del mercado eléctrico. Por desgracia, no todo, ni siquiera lo más importante, está en la factura.

El precio de la electricidad tiene tres partes claramente diferenciadas: los costes de producción de electricidad y el margen de comercialización, es decir, lo que cuesta producir y que es básicamente lo que se fija en las subastas del mercado eléctrico; otra parte corresponde a los costes regulados, es decir, aquellos cuyo precio fija el Gobierno; y por último, los impuestos que se aplican sobre todo lo anterior.

Las subidas de los últimos meses en el mercado mayorista corresponderían al primer apartado, los costes de producción, y dependiendo del consumo de cada hogar, representan menos de la mitad del recibo de la luz. Las últimas subidas afectarán, por tanto, en esa proporción a la factura eléctrica. Lo realmente grave es que llevamos diez meses de subida continua. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE), desde un mínimo de 24,11 € que se alcanzó en abril de 2016 se ha pasado hasta los 91 € de enero, lo que supone que prácticamente se ha cuadriplicado el precio de esa parte del recibo en poco menos de un año. Una de las claves está precisamente en ese mercado mayorista de electricidad.

Los costes regulados

Sin embargo, la parte más interesante de la factura es la de los costes regulados, que también ha subido ahora aprovechando la actualización de precios que suele hacer el Gobierno coincidiendo con el final del año. Sin entrar en todos sus apartados, en este cajón de sastre se encuentran conceptos tan dispares como los incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos que pagamos en la factura. Un forma cuando menos curiosa de incentivar las renovables.

Dentro del apartado «otros costes» se esconden otros pagos llamativos, como por ejemplo, el déficit de tarifa. Se trata de un misterioso concepto que oculta una subvención encubierta al sector. Se justifica por la pérdida de ingresos que supone participar en un sector regulado por el Estado. La realidad es que las principales compañías eléctricas son las empresas más saneadas y solvente. Anteriormente se utilizaron otros conceptos para encubrir esta misma subvención. Uno famoso fue, por ejemplo, el de Costes de Transición a la Competencia (CTC). Según cálculos realizados por expertos, el monto acumulado por este concepto estaría entre 24.000 y 30.000 millones, más que lo que costó el rescate de Bankia; y cada año se añaden del orden de 3.000 a 5.000 millones a la cantidad acumulada. Bien, pues este déficit de tarifa lo vamos pagando religiosamente con cada factura de electricidad.

Otro de los conceptos llamativos es el de los pagos por capacidad, que básicamente consiste en pagar a las centrales de gas y carbón una remuneración extra por existir. La justificación es que su disponibilidad a producir electricidad en cualquier momento da seguridad al mercado. El problema es que el sistema del Estado tiene capacidad instalada de 100.000 MW y el pico de demanda máxima ha sido de 40.000 MW. Es decir, el sistema tiene dos veces y media más capacidad para producir energía que la demanda máxima jamás registrada. Por esta razón, en 2014, Trece centrales de ciclo combinado no funcionaron en todo el año ni una sola hora. Pero el sistema –a través de la factura eléctrica– pagó a las eléctricas por mantenerlas.

La factura de electricidad se va cargando con abonos que poco tienen que ver con el coste de producción. A cada paso aparecen nuevos componentes del precio que son fruto, sobre todo, de decisiones políticas.

Los impuestos

La parte de los impuestos consta básicamente de dos: el impuesto sobre la electricidad, que es similar al del tabaco o hidrocarburos. Se aplica el 5,11269632% sobre la potencia contratada y la energía facturada. Sobre el total se aplica el IVA del 21%. Esta parte no encierra muchos secretos. Llama la atención que siendo la electricidad un bien de primera necesidad, fuertemente regulado por el Estado, se aplique el tipo general de IVA, pero ese sería otro tema de discusión.

 

El Mercado Ibérico de Electricidad está dominado por un oligopolio de cinco empresas

«Rajoy mantendrá el sistema del precio de luz y confía que la meteorología ayude». De esta manera recogían los teletipos las respuestas del presidente del Gobierno español en una entrevista radiofónica. Desde la «armada invencible» hasta «la pertinaz sequía», el problema en el Estado siempre son los elementos. Pero para lo que sirven en realidad es para desviar la atención de lo realmente importante: las decisiones políticas.

El sistema para fijar los precios de la electricidad muestra la verdadera relación de poder en el sector. El mercado eléctrico de la península Ibérica está organizado siguiendo el modelo adoptado por la Unión Europea y hasta el algoritmo utilizado para casar oferta y demanda, de nombre Euphemia, es el aprobado para todos los mercados europeos.

Según datos de OMIE, el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad, en el mercado mayorista participan más de 800 agentes y se realizan más de 13 millones de transacciones anuales. Da la impresión de ser un mercado competitivo; la realidad, sin embargo, es que solo cinco empresas –Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E-on España y Edp– son las responsables del 90% de los clientes finales y del 60% de las ventas de electricidad del mercado mayorista. La posición dominante de esas cinco grandes multinacionales es mucho más clara si consideramos, además, que todas ellas participan en las subastas –en teoría con empresas independientes– tanto en calidad de compradoras de electricidad como de oferentes de energía. Gracias a este control del mercado funcionan como un oligopolio y condicionan totalmente los precios.

Conociendo al 90% de los clientes finales pueden prever fácilmente la demanda, y en función de ella hacer ofertas de producción, de manera que el beneficio sea máximo, tanto en épocas de gran consumo como en momentos en los que la demanda cae. El dominio que ejercen sobre el mercado es completo. Desde ese punto de vista tratar de justificar la actual subida por la falta de lluvia o viento es lanzar un velo sobre un sistema que supone una pesada losa para la población y una fuente de riqueza para una minoría privilegiada.

Otro ejemplo más del oscuro mundo del mercado eléctrico es el llamado servicio de interrumpibilidad. Este «servicio» se gestiona a través del OMIE. Aunque el sistema eléctrico en el Estado tiene 2,5 veces más capacidad de producción instalada que la demanda máxima jamas alcanzada, sorprendentemente se producen, al parecer, situaciones en las que la demanda supera la oferta prevista. En estos casos, el modo de lograr el equilibrio entre oferta y demanda es pedir a las grandes consumidoras de energía, generalmente las papeleras, cementeras, siderúrgicas o a Renfe, que reduzcan su consumo para que los pequeños consumidores no tengan que sufrir cortes en el suministro. A cambio de esa disposición reciben una compensación monetaria.

El OMIE subasta estas posibles reducciones de consumo y aquellas empresas que ofrecen un mejor precio se quedan con ellas. El sistema paga aunque no se utilicen, que suele ser lo habitual y, por otra parte, lógico en un sistema sobredimensionado. Hasta 2014 este concepto formaba parte de los costes regulados, pero a partir de 2015 forma parte del precio de la electricidad y no aparece en el recibo de la luz como concepto separado. Se trata de una peculiar forma de subvencionar a las grandes consumidoras de energía que pagamos los pequeños usuarios de una forma totalmente opaca, ya que este pago no aparece en la factura. Realmente el sistema eléctrico sale muy caro al consumidor.I. ESNAOLA