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DONOSTIA

La Diputación adjudica la incineradora pese a que hay varios recursos pendientes

La institución foral no está dispuesta a esperar al desenlace judicial y Asensio anuncia que las obras empezarán en un plazo de mes y medio.

El diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa y presidente del Consorcio de Residuos de ese herrialde, José Ignacio Asensio, firmó ayer por la mañana la adjudicación de la construcción de la incineradora de Zubieta a la UTE formada por Urbaser, LKS, Moyua, Murias y Altuna y Uria de modo que, sostuvo, las obras comenzarán en el plazo de «mes y medio aproximadamente».

La rúbrica del contrato se llevó a cabo tras la sentencia del TSJPV conocida el lunes que favorece a la institución foral frente a una de las demandas interpuestas por GuraSOS, y apenas un rato después de que el portavoz de la Diputación, Imanol Lasa, anunciara que la adjudicación iba a ser inminente.

En comparecencia pública tras la reunión semanal del Ejecutivo guipuzcoano, Lasa indicó en primer lugar que solo quedaban «unos flecos «burocráticos» para, a renglón seguido y a preguntas de los periodistas, aceptar que faltan resoluciones en los tribunales en torno a este asunto. Y es que la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco conocida el lunes no agota el recorrido judicial, pues GuraSOS presentará un nuevo recurso y además están pendiente de resolución otras alegaciones de ese colectivo. Sin embargo, Lasa defendió que la Diputación se siente legitimada para seguir adelante porque «tenemos la tranquilidad de que GuraSOS ha perdido siempre» en estas batallas judiciales. «Podrá seguir enrocado en una posición, pero esta Diputación y la sociedad guipuzcoana quiere terminar de una vez por todas con la pesadilla que ha supuesto esta mala herencia de la gestión de los residuos», declaró el portavoz del Gabinete de Olano.

Una de las cuestiones añadidas que plantea esta adjudicación acelerada es la posibilidad de alguna protesta o demanda por parte de las empresas adjudicatarias del anterior proyecto, que Bildu anuló a su llegada a Diputación en 2011, y más en concreto FCC. Lasa matizó que en aquella UTE participaban otras empresas que pueden tener otra posición, y además se escudó en que «este es un proyecto totalmente diferente a aquel». Sin embargo, y paradójicamente, una de las cuestiones aún en litigio en los tribunales, planteada por GuraSOS, es que para esta obra se pretende usar el mismo permiso ambiental emitido para la anterior.