El Gobierno de Rumanía anunció la retirada del polémico decreto ley que despenaliza ciertos delitos de corrupción, cuya aprobación ha desatado la mayor ola de protestas desde 1989.

«Mañana –por hoy– vamos a celebrar una sesión de Gobierno extraordinaria para derogar el decreto», señaló el primer ministro socialdemócrata, Sorin Grindeanu. «Los argumentos no se transmitieron de manera correcta, lo que creó confusión, por lo que el Ministerio y el ministro de Justicia asumen las consecuencias», agregó. Grindeanu dijo no querer que la sociedad rumana se divida y que negociará con la oposición un nuevo proyecto de ley que cuente con el máximo respaldo posible.

El anuncio despertó júbilo entre unas 120.000 personas que protestaban por quinta noche consecutiva ante la sede del Gobierno entre gritos de «ladrones» y «traidores».

El martes por la noche el Gobierno aprobó por vía de urgencia y sin pasar por el Parlamento, un decreto ley que despenali- za los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado por debajo de 44.000 euros. Desde entonces una media de 250.000 personas salieron cada día a las calles en todo el país.

El decreto iba acompañado de un indulto a 2.700 presos por delitos menores, también por corrupción, y que el Ejecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles.

El líder del gobernante PSD, Liviu Dragnea, había anunciado horas antes que el Ejecutivo valoraba retirarlo. Uno de los beneficiados era Dragnea, hombre fuerte del partido, y que con la nueva normativa no debería responder por un delito de corrupción valorado en 24.000 euros.

El PSD venció de forma holgada en las elecciones de diciembre con el 45% de los votos, pero el polémico decreto no estaba incluido en su programa.