Una desproporcionada reducción de ingresos entre la población más empobrecida ha desencadenado un aumento de la pobreza infantil, afectando con mayor virulencia a las familias monoparentales y de origen inmigrante. Esta es la principal conclusión que se extrae del informe “Desheredados. Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España”, que en su anexo sobre la situación en la CAV destaca que el 9% de los niños y niñas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa viven en situación de pobreza.

Tomando como referencia el índice Gini, la desigualdad entre unos niños y otros ha pasado de 25,6 puntos a casi 28 entre 2008 y 2014. Asimismo, resulta llamativo que la pobreza severa –umbral en el 40% de la mediana de ingresos– se ha intensificado en cinco puntos. La mayor tasa se concentra en hogares monoparentales y de origen inmigrante, en los que el 26% y el 39% de los niños, respectivamente, están en situación de pobreza.

Sobre los hogares monoparentales es reseñable que la tasa de pobreza relativa –umbral en el 60% de la mediana de ingresos– duplica la de las familias en pareja.

En cuanto al colectivo inmigrante, cuatro de cada diez menores se encuentran dentro del 20% de la población más pobre. Atendiendo a la distribución de niños y niñas inmigrantes según la renta, la mitad se encuentran entre los dos tramos de renta más baja.

Save the Children se hace eco de las medidas multidimensionales utilizadas por el Gobierno de Lakua para medir la pobreza más allá de los ingresos. Se resumen en la pobreza acumulada, relacionada con la incapacidad para acceder a los bienes de consumo duradero necesarios para mantener un nivel de vida mínimamente adecuado; la pobreza real, definida como el riesgo de insuficiente cobertura de las necesidades básicas; y la ausencia de bienestar, que hace referencia a la insuficiencia de recursos económicos para hacer frente, en el corto plazo, a los gastos considerados necesarios para participar en las actividades normales de una sociedad. Los datos indican un preocupante aumento de pobreza real y ausencia de bienestar en zonas como Gasteiz, Aiala, Ezkerraldea, Bizkaia Kosta, Bilbo, Debagoiena y Debabarrena.

La ONG apunta que, aunque en la CAV la pobreza infantil y la desigualdad se ven reducidas por las transferencias sociales, su impacto es «relativo» entre la infancia en situación de mayor vulnerabilidad. Señala que el gasto en protección social a la infancia es considerablemente superior al de otras comunidades pero no suficiente: «Podemos concluir que el sistema vasco de protección social acertadamente protege a quien el sistema estatal no ayuda; pero que, aunque reduzca la pobreza de forma significativa, no es capaz de eliminarla».

La responsable de Save the Children en la CAV, Eva Silván, remarca que «un niño que nace en un hogar pobre puede estar condenado de por vida a serlo», ya que las administraciones no permiten que los niños tengan las mismas oportunidades, sino que «se les pone zancadillas a quienes peor están. Ni las políticas públicas de protección social ni el sistema fiscal están diseñados para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza».

Garantizar la igualdad desde la educación, una tarea pendiente

Como pilar fundamental del desarrollo de los menores, el informe pone el acento en el sistema educativo y afirma que el sistema vasco «tampoco sirve para igualar las diferencias de origen de sus alumnos», por lo que Save the Children aprecia «una gran brecha de rendimiento escolar» según el origen socioeconómico y cultural del alumnado. Así, apunta que el alumno autóctono tiene una puntuación media 1,2 veces superior al de origen inmigrante. Resulta asimismo significativo que la brecha entre niños nativos e inmigrantes es la más alta de todo el Estado y una de las más altas de la OCDE.

Los datos de repetición escolar revelan una alta concentración de repetidores en ciertos centros educativos y señalan que la posibilidad de repetir para un niño de ingresos bajos es 2,4 veces superior a la de un niño con ingresos altos, incluso teniendo las mismas competencias de lectoescritura y matemáticas. La organización alerta también de que los hogares de origen inmigrante se ven excluidos de procesos de aprendizaje adecuados.

Por ello, la organización humanitaria recomienda analizar la efectividad de las actuales prestaciones desde un punto de vista de protección de la infancia, por grupos de renta, colectivos y comarcas, y profundizar y extender el sistema de rentas mínimas y ayudas a la vivienda para mejorar las necesidades específicas de los niños de los colectivos más vulnerables. Asimismo, aboga por recuperar el nivel de inversión pública en educación anterior a la crisis e incrementar la dotación dirigida a la escuela pública, y por impulsar medidas encaminadas a incrementar la escolarización temprana (Educación 0-3) para los colectivos con menos recursos. Por último, propone impulsar un plan de política educativa de lucha contra la segregación escolar, que garantice la equidad en el acceso a la educación de los alumnos de la CAV, independientemente de su origen o condición.I.O.