Todos los lunes del año, de 16.30 a 20.00, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE) abre las puertas de su asesoría gratuita, en pleno Casco Viejo de Bilbo, para atender las consultas de cientos de mujeres. La mayoría llegan después de un largo y a veces infructuoso peregrinaje por diversas ventanillas (Lanbide, sindicatos, servicios sociales, ayuntamientos…) en busca de esa información útil que les ayude a solventar el problema que tienen entre manos. Generalmente, se trata de consultas sobre despidos, vacaciones, días de descanso, pagas extra, medicinas… El servicio de asesoramiento está en activo desde 1991 y solo el año pasado atendieron casi a 500 mujeres. Sarai Arce, que junto a otras compañeras las atiende en su cita semanal, desgrana la realidad de estas empleadas y las vulneraciones de los derechos laborales que sufren.

Horas de trabajo y descanso

Con los datos del informe del pasado año en la mano, asegura que el porcentaje de mujeres externas que trabajan entre 40 y 60 horas semanales ha descendido del 50% al 27% entre 2011 y 2016. En su opinión, esto se deba a que «se hace valer más el precio/hora», y lo justifica así: «A una externa con una jornada de 8.00 a 20.00 se le pagan entre 900 y 1.000 euros, cuando por el mismo precio se está contratando a mujeres internas, con dedicación absoluta y jornadas interminables. A los contratadores les sale a cuenta».

Es entre las internas donde ven «las mayores barbaridades», comenta Arce. Según el citado informe, el 75% trabaja más de 60 horas semanales y el 21% no tiene vacaciones. Tampoco se respetan las dos horas de descanso diario y casi 3 de cada 10 no tienen permiso para salir de la vivienda. En 2011 este porcentaje ascendía a la mitad de las internas. «Controlar la jornada laboral es muy complicado, pese a que en la ley queda muy claro que no se pueden superar las 40 horas semanales, además de las 20 horas de presencia. Y en estas horas, además, no se pueden hacer tareas; son de acompañamiento».

Los festivos son otra batalla. Resulta «muy difícil hacer entender a los empleadores que han de ser 24 horas seguidas. No sirve con salir por la mañana y volver por la noche».

Economía sumergida

El estudio de ATH-ELE indica que el 72% de las internas atendidas en la asesoría tenía un contrato escrito, pero no recogen las verdaderas condiciones en las que trabajan. Y pese a que la ley lo prohíbe, el sueldo se da en mano, es decir, en negro. «La mayoría son extranjeras no comunitarias o personas con doble nacionalidad, y para ellas es importantísimo el contrato por escrito para poder regular su situación. El 15% no tiene papeles, son las más vulnerables».

En comparación con cualquier otro trabajo, «es una situación muy particular desde el principio», señala Arce: dónde se fijan las condiciones –en un bar, en la propia casa…–, cuánto cambian las condiciones, la dificultad de localizar al empleador una vez cesa la relación laboral –sobre todo si no hay contrato–, cómo demostrar que has trabajado para esa persona…

Ceses e indemnizaciones

La mayoría de los trabajos finaliza porque la persona a la que cuidan fallece o es internada en una residencia. «Es algo que sucede de repente, sin previo aviso, y no hay paro alguno, solo una indemnización que corresponde a una mensualidad, al margen del sueldo y del tiempo que se haya trabajado para esa familia; da igual que sean veinte años que dos meses. Es algo que no ocurre en ningún otro sector o actividad. Lo irónico es que algo tan común y usual en el sector de las trabajadoras del hogar no se contemple o especifique en el real decreto correspondiente», lamenta Arce. A ello se le suma la necesidad de buscar una habitación o una casa donde vivir, pues tras el deceso tienen que dejar el que hasta entonces era su domicilio habitual. Por cierto, el 67% de las internas vive sola con la persona a la que cuidan, y son «totalmente responsables de que tengan una dieta saludable, tengan sus medicinas a tiempo, de planificar la economía y llegar a fin de mes con lo que les da la familia… ».

Agencias de intermediación

En opinión de Arce, en esta situación tan compleja y complicada las responsabilidades están «muy repartidas». En primer lugar, los empleadores que contratan en malas condiciones, incluso ilegales. «Tienen que tener claras las consecuencias», dice. «Si las inspecciones fueran ágiles, estaríamos más concienciados –agrega–. Es importante que se incida en la información y en la formación, también de las empleadas, pero a quiénes pedimos responsabilidades son las administraciones públicas. Ellas tienen que velar por unos derechos laborales que no se están respetando».

También señalan con dureza a las agencias de intermediación de empleo de hogar, o «agencias vampiras» como las llaman en ATH-ELE porque «hacen negocio y se lucran» con el trabajo ajeno. «Hemos llamado a muchas de estas agencias pidiendo abiertamente condiciones ilegales, jornadas de lunes a lunes y, con la mayor tranquilidad, dan trámite a esas peticiones. Hay una impunidad total porque, después, en los papeles nunca se encuentra una relación entre la agencia y la trabajadora». Piden a Inspección que se ponga las pilas con este asunto.

La salud y las bajas

Los esfuerzos físicos que hacen estas trabajadoras se reflejan en su salud: problemas de espalda, hombros dislocados, hernias discales, caídas… La asociación denuncia que en los ambulatorios no se les da la misma tramitación que en el resto de sectores y lo suelen denominar «enfermedad común, en lugar de detallar que se trata de un accidente de trabajo». Y cuantas más lesiones se identifican en un sector, más se invierte.

 

Empleos «sacrificados e invisibilizados», cuatro voces relatan su experiencia

O.L. |

M., A., J., y E. viajaron hace más o menos años desde su Colombia, Bolivia y Venezuela natal hasta Euskal Herria en busca de un futuro que en sus países no veían posible. Con sus respectivas profesiones y formaciones previas, han buscado empleos de todo tipo, aunque es el sector de los cuidados donde más han trabajo. Prefieren mantenerse en el anonimato porque temen que mostrarse perjudique su trayectoria en una situación que describen compleja y muy dura.

M. tiene 52 años y llegó al Estado español en 2001. Es madre de tres hijos y ha trabajado tanto como interna como externa. Escuchó hablar del Alzheimer por primera vez cuando tuvo que cuidar de una mujer que padecía la enfermedad. No descansaba ningún día a la semana y cobraba unos 600 euros. En doce años, según cuenta, han sido más las ocasiones en las que ha trabajado sin ningún contrato y, cuando ha cesado la relación laboral, nunca ha cobrado paro o indemnización alguna.

También se queja de los incumplimientos con las dos horas de descanso diario que marca la ley porque los contratantes «no lo ven como algo prioritario». En cualquier caso, añade, «es un descanso insuficiente incluso si se respetara». «Nos entregamos mucho al trabajo y a los cuidados, pero creo que estamos mal valoradas. Hay gente que nos ve como sirvientas». Tras más de una década encadenando empleos reconoce que hay gente buena, pero cree que ella ha tenido «muy mala suerte».

En los últimos años la situación ha cambiado a peor, según su experiencia. «Una interna trabaja de día y de noche sin apenas derechos. Al menos cuando llegué pagaban más, pero ahora es tan duro que incluso ofrecen 400 o 600 euros al mes por estar interna. Y lo tomas o lo dejas, porque hay muchas mujeres que lo necesitan, y que acepten es cuestión de tiempo», relata.

A. ha tenido mejor suerte, según cuenta. Tiene 57 años y una hija de 23 años. Tras pasar por Málaga, Bilbo y Canarias, volvió a la capital vizcaina en 2009, donde está afincada desde entonces. «He hecho de todo, pero la mayoría de trabajos han sido como interna». Hace unos días falleció el anciano al que cuidaba y «adoraba». «Con él me entendía de maravilla, era una excelente persona», lamenta apenada. En su caso, tenía contrato por escrito y se le respetaban las vacaciones y las horas de descanso, pero también las condiciones muy insuficientes. «Dos horas al día no te dan para nada, y menos para descansar», señala.

Sobre la falta de contratos, incluso si la persona tiene los papeles en regla, se queja de la actitud de los contratadores. Lo ideal sería no aceptar este tipo de ofertas, pero comenta que «muchas veces toca tragar porque necesitas el dinero».

Es el caso de J., un joven de 29 años que llegó a Bilbo en 2015. Entrenador personal de profesión, ha tenido seis trabajos en año y medio, todos temporales y sin contrato porque no tiene los papeles en regla. «Eso me dificulta el acceso a muchas cosas», aclara.

La última ocupación que ha desempeñado ha sido como interno, cuidando a un hombre mayor y dependiente, hasta que ha sido ingresado en una residencia. «Los dos últimos meses han sido muy duros, trabajando 24 horas al día, sin una sola hora libre. El domingo me dejaban salir de 10.00 a 20.00, pero lo peor eran las noches en vela y los días en los que solo dormía dos o tres horas dada su enfermedad». Una jornadas maratonianas, «límite», como dice él, por 900 euros al mes.

Ahora busca trabajo y una habitación donde alojarse. Ha dejado currículums en gimnasios y otros lugares, pero aún no ha tenido suerte. Admite que esperaba otra cosa, que sus ilusiones cuando partió eran otras. «Salí con sueños, con fuerza para lograr otras metas, pero la realidad ha resultado muy distinta», expresa con tristeza.

La regularización de los papeles también fue clave en la vida de E.. Boliviana de nacimiento, llegó al Estado español hace 16 años, concretamente a Madrid. Allí, le ofrecieron cobrar menos a cambio de regularizar su situación. Le ofrecían 720 euros por cuidar de una mujer sin movilidad. Pero ha habido más: trabajar por 500 euros como interna.

En los últimos diez años ha tenido dos trabajos estables y con contrato. En el último cobraba mil euros, con festivos aparte pero, además de tener disponibilidad plena y darle todos los cuidados a la persona, se encargaba del resto de tareas domésticas: compra, cocina, plancha, limpieza…

El papel de las agencias

La intermediación que hacen las agencias entre las empleadas y la parte contratante es fuente de quejas en todas las entrevistas porque, como denuncian, cobran un porcentaje incluso más elevado que las propias internas. «Hemos llegado a trabajar por 4 y 5 euros la hora, y eso es esclavismo», dicen de forma unánime. Piden que sean otro tipo de asociaciones o instituciones públicas las que intermedien entre ambas partes para cerrar contratos.

A las instituciones, precisamente, se dirigen los cuatro protagonistas. A los partidos y gobernantes les piden que «abran los ojos», que las saquen del olvido. «Nos sentimos totalmente marginadas. Nadie nos tiene en cuenta pese al gran trabajo que realizamos. ¡Qué sería del sistema sin nosotras!», se pregunta E.. M. apunta en la misma dirección y pide que se reflexione sobre toda la carga que llevan a sus espaldas. «Aunque la necesidad sea mutua, la sociedad en parte depende de nosotras, por eso a la Administración le pido que se ponga en nuestros zapatos». Dignificar los salarios, que se amplíen los descansos y que se blinden los derechos laborales. «Nada que no nos corresponda». Es lo que reclaman.