Sare dio a conocer a mediodía de ayer que la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional española ha decidido no devolverle los 104.000 euros que le incautó la Guardia Civil tras la multitudinaria manifestación de enero de 2015. De esta manera, el tribunal especial ha seguido el criterio planteado por la Fiscalía. De ello se ha encargado una sala muy afín al PP, como denunció la red ya con anterioridad, dado que dos de los tres magistrados (Enrique López y Concepción Espejel) son reconocidos como los más cercanos al partido del Gobierno.

El rechazo a reembolsar el dinero arrebatado a Sare tras irrumpir en la sede de LAB de Bilbo, donde se guardaba por cercanía con el punto de recolecta final tras la marcha, se justifica indicando que no es el momento de determinar quién es el propietario de los fondos y que la cuestión se dirimirá durante la vista oral, que todavía no tiene fecha.

El dinero fue recaudado, como es habitual, para sufragar los gastos de la movilización. El Ministerio Público, sin embargo, asegura que se trata de fondos recogidos por «miembros de Herrira», cuyas actividades estaban suspendidas tras la redada de setiembre de 2013.

Paradójicamente, después de dar por sentada una supeditación de Herrira a ETA que ni siquiera ha sido sometida a juicio, los magistrados argumentan que en este momento procesal no es su objetivo determinar cuál es la naturaleza de Sare o de Herrira o cuál era el destino del dinero. «Lo que se discute es la propiedad de la cantidad de dinero sobe la que se ha adoptado una medida cautelar», consideran, señalado que se trata de una cuestión que «trasciende a la presente resolución y que debe ser decidido en la resolución definitiva que sea dictada tras la celebración del juicio oral».

La vista del caso de Herrira todavía no tiene fecha. Cabe recordar además que esta parte fue fusionada con otras relativas igualmente a la solidaridad con los presos (redadas contra EPPK, abogados, Jaiki Hadi...) dictando un procesamiento único contra 47 personas.

En la vista sobre este recurso de Sare celebrada el pasado 23 de febrero, el Ministerio Público argumentó que la retención del dinero es una medida cautelar adoptada dentro de la causa y que debe sustanciarse al final del proceso, tesis que da por buena este tribunal.

Solidaridad y denuncias

Con el fin de hacer frente a la complicada situación económica en que esta decisión deja a Sare, y para garantizar la continuidad de su labor, la red apeló rápidamente a la solidaridad popular a través de las redes sociales. Se ha activado una semana solidaria desde hoy hasta el día 22, y se ha habilitado la posibilidad de efectuar donaciones a través de la web de Sare o vía transferencia bancaria.

El movimiento ya ha avisado con anterioriedad que la incautación de esos 104.000 euros pone en riesgo su continuidad. En el mensaje difundido ayer matiza que «cometen un error los enemigos de la paz y la convivencia si piensan que vamos a dejar de movilizarnos contra una política penitenciaria tan vengativa como injusta. No vamos a permitir que se imponga esa estrategia de desgaste llevada a cabo por el Gobierno español utilizando para ello cuerpos policiales y órganos judiciales para callar a Sare. Seguiremos erre que erre mientras respiremos con el aliento moral y económico ciudadano. Y porque venimos dando pruebas de que el trabajo de Sare es sincero, desinteresado y honesto, pedimos a la ciudadanía que nos ayude y nos apoye».

Entre las reacciones, la parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre enmarcó esta decisión judicial en «la política de venganza contra los presos y la solidaridad». «Ese dinero es de Sare y hay que devolvérselo», señaló antes de añadir que «si creen que con esto nos vamos a amedrentar, están equivocados».

ELA consideró que la Audiencia Nacional «se ha plegado» a los intereses políticos del Gobierno del PP. Y recuerda que esos 104.000 euros «fueron legítimamente obtenidos por Sare» y se incautaron en un acto de «persecución política».