El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos contabilizó en 2016 389 ataques contra defensores de derechos humanos, de ellos 59 fueron homicidios, 210 amenazas, 72 correspondieron a violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad, tres a desapariciones forzadas y uno a un caso de violencia sexual. Estas agresiones incluyen únicamente agresiones contra líderes.

Los departamentos con mayor tasa de homicidios contra defensores de derechos humanos fueron Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba.

En el 74,5% de los casos, las víctimas desarrollaban su labor en zonas rurales. «En 43 de los casos de asesinatos verificados, las víctimas desarrollaban su labor en zonas rurales. De estos, 25 ocurrieron en zonas con presencia histórica de las FARC. Es notable el aumento de los asesinatos en zonas rurales frente a 2015, cuando la Oficina registró 25 víctimas. Esto está relacionado con los vacíos de poder que han dejado las FARC-EP; la escasa o débil presencia del Estado; la percepción de los actores criminales de que los defensores de derechos humanos afectan sus intereses; la persistente estigmatización de estos; el uso de la violencia para resolver disputas en las comunidades; la competencia entre grupos criminales por el control de actividades económicas ilegales, y el limitado acceso a los derechos económicos, sociales y culturales», señala en el informe.

Critica que «amplios sectores sociales y políticos aún niegan que agentes del Estado hayan perpetrado graves violaciones, incluso en los casos en los que el presidente ha reconocido oficialmente la responsabilidad del Estado. Garantizar que el reconocimiento tenga un efecto reparador para las víctimas es uno de los retos políticos, legales y culturales trascendentales del proceso de construcción de paz», incide la ONU.

Insta, en este sentido, al Gobierno de Juan Manuel Santos a «reconocer» que las muertes de representantes estos colectivos reflejan «una situación grave sobre la cual el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar la vida» de dichas personas y para ello recomienda buscar nuevas alianzas en la sociedad y acelerar la implementación del acuerdo de paz.

Por primera vez, a la presentación acudió un representante de las FARC-EP. El miembro del Secretariado y jefe de la subcomisión técnica del fin del conflicto, Carlos Antonio Lozada, compartió mesa con el director general de la Policía Nacional, Carlos Mena, que en declaraciones a la agencia NC Noticias de la guerrilla consideró que es «el momento de olvidar y de superar tantas dificultades que tuvimos».

«Antes nos preparábamos para combatir a Carlos Antonio, mientras que hoy estamos en la misma mesa compartiendo y construyendo la paz y una mejor calidad de vida para los colombianos», manifestó.