La Hacienda foral alavesa recuperó un total de 124,1 millones de euros a través de las acciones contra el fraude durante el año 2016, de los que casi 53 millones corresponden al Impuesto sobre Sociedades, cuatro veces más que en 2015, lo que es debido a que el año pasado se «priorizó» la inspección sobre este tributo. Además, se remitieron a la Fiscalía siete expedientes por delitos fiscales, con un importe total de 8 millones, mientras que un año antes se habían detectado «solo dos».

El diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, José Luis Cimiano, detalló ayer los principales datos del balance anual del Plan de Lucha contra el Fraude durante su comparecencia ante las Juntas Generales. Tal como recogió Europa Press, explicó que, a lo largo del pasado año, el servicio de Inspección tramitó 3.734 expedientes, que han permitido recuperar 77 millones de euros. A esta cifra se suman los 47 millones recuperados a través de la labor realizada por los diferentes servicios de Hacienda, como los que revisan las liquidaciones de impuestos y las deudas.

Al destacar el incremento del dinero recaudado por Inspección a través de Sociedades, Cimiano señaló que se ha logrado «incrementando notablemente el número de expedientes relacionados con este impuesto». «La Inspección ha puesto el acento en las personas jurídicas o empresas, disminuyendo el número de actuaciones en personas físicas», añadió. El número de expedientes a personas jurídicas ha crecido un 39%.

Novedades para este ejercicio

En cuanto a los criterios que aplicará la Hacienda alavesa en su lucha contra el fraude durante el presente ejercicio, Cimiano hizo referencia a la mejora de la información con el desarrollo y el análisis para la implantación del proyecto SII (Suministro Inmediato de Información) para la gestión del IVA, que permitirá conocer «de forma inmediata» todas las operaciones facturadas por las empresas.

Asimismo, especificó algunas de las acciones contra el fraude que lleva a cabo la Unidad de Grandes Empresas, que pasan por controlar los precios de transferencia, las reestructuraciones empresariales, las operaciones entre compañías del mismo grupo o el uso abusivo de la normativa –interna o internacional– para lograr elusión fiscal, entre otras medidas.