La Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) surgió en 1997 a partir de un encuentro en Costa Rica. Integrada por organizaciones de 15 países, reivindica el reconocimiento de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales.

Elena Eva Reynaga es su secretaria ejecutiva. Trabajadora sexual durante tres décadas, reclama que los debates abiertos en la sociedad sobre esta profesión sean incluyentes porque «nosotras somos las protagonistas de la historia». Acaba de participar en Nueva York en un panel organizado por la ONU sobre trabajo sexual. El pasado día 18 se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para «denunciar las condiciones indignas y situaciones de violencia en las que trabajamos a falta de una regularización clara y precisa del trabajo sexual».

«No estamos pidiendo nada especial, sino la misma seguridad jurídica que tiene cualquier otro trabajador, sin estigma ni discriminación», subraya en entrevista con GARA vía Skype.

Rechaza las leyes de carácter prohibicionista y advierte de las consecuencias que acarrean la clandestinidad y empujar a las trabajadoras sexuales hacia polígonos alejados de los centros urbanos, guetos que conllevan una mayor vulnerabilidad.

¿Qué se entiende por trabajador sexual?

Una persona, hombre o mujer, que siendo mayor de edad ejerce esta actividad con consentimiento propio. En esa categoría no sólo entramos las compañeras que trabajamos en una esquina o en un night club, sino también las actrices porno que trabajan frente a una cámara, las que lo hacen en un night club únicamente bailando y que no necesariamente ofrecen un servicio vaginal y genital...

En 1997, trabajadoras sexuales del Caribe y Latinoamérica os reunisteis por primera vez en Costa Rica, descubriendo miedos, necesidades e injusticias en común. ¿Cómo recuerda aquel primer diagnóstico?

Una de las cosas que teníamos en común era la violencia institucional. Si bien en América Latina y el Caribe el trabajo sexual no está penalizado en el Código Penal, sufrimos muchos atropellos fundamentalmente de la Policía. Yo misma pasé periodos de 60 días detenida en la década de los 90 y durante los regímenes militares por el simple hecho de estar parada en una esquina. Otra de las situaciones comunes era la alta discriminación en los centros de salud y hospitales, en los cuales la mayoría teníamos que ocultar nuestra profesión. Sólo íbamos como último recurso. No teníamos interiorizado el concepto de prevención porque era tanta la exclusión que había en los servicios de salud que no íbamos. Nuestro sueño era derogar todos estos códigos y soñábamos con que algún día el trabajo sexual fuera reconocido. El próximo 3 de octubre se cumplirán 20 años de aquel primer encuentro. Todo lo que expusimos ahí sigue siendo cuestiones actuales. A veces pienso que estábamos un poco locas por soñar tan alto sin tener la preparación que tenemos hoy en día.

¿Cómo ve la situación actual?

Hemos avanzado en estas dos décadas. Tenemos dos organizaciones reconocidas por el Ministerio de Trabajo, una en Guatemala y otra en Colombia. Además, prácticamente todas las organizaciones de trabajadoras sexuales están nacionalizadas. Las compañeras se han extendido a lo largo y ancho de sus respectivos países. Eso es muy importante para poder incidir a nivel político y combatir situaciones de discriminación y exclusión. Muchas veces, lo que ocurre en una provincia pequeña no tiene la misma resonancia que si pasa en una gran ciudad. Por eso necesitamos organizaciones fuertes y con perfil político. Nuestras reivindicaciones no se limitan al VIH. No queremos ni más ni menos que lo que tiene cualquier otro trabajador. No estamos pidiendo nada especial. Hoy en día creo que hay una mayor aceptación y las redes sociales nos son de gran utilidad. Nos permiten mostrarle a la sociedad la persona que hay detrás de esa mujer de la que muchas veces se burlan al pasar por la esquina, la descalifican o la miran con indiferencia, aunque he de decir que estos comportamientos no son tan acusados como en el pasado. Además de los avances a nivel regional, hemos dado pasos importantes a nivel mundial. Las trabajadoras sexuales estamos en ONU Mujer, en la CEDAW, en la OEA. Ya no son las sociólogas, antropólogas o investigadoras las que hablan por nosotras; somos nosotras, las protagonistas de la historia, quienes estamos ahí. Creo que eso es lo más importante que ha cambiado en estos 20 años. No dejamos que las demás hablen en nuestro nombre.

Hay quienes equiparan el trabajo sexual con la trata de mujeres y el proxenetismo.

Como te decía, pedimos que cuando debatan sobre estos temas seamos incluidas porque el debate es con nosotras. Es lamentable que el movimiento feminista abolicionista sea quien ejerza la mayor oposición. No hablo de todo el movimiento feminista, porque nosotras nos consideramos feministas, sino de ese sector abolicionista. Es paradójico que hasta el momento la Iglesia no haya dicho absolutamente nada al respecto, y sí lo hayan hecho estas feministas. Por suerte, cada día hay más jóvenes dentro del movimiento feminista con la mente mucho más abierta. Para nosotras es muy importante diferenciar esos tres modelos. El proxenetismo es un delito penalizado en todos los países de América Latina. Otra cosa es la trata de personas, a lo que también nos oponemos totalmente, y otra el trabajo autónomo que responde a una decisión libre. El problema es que las leyes se violan sistemáticamente. Quien permite la trata de personas es nuestra propia Policía, a veces la Justicia, otras los jueces, un intendente que hace la vista gorda porque determinados personajes terminan pagándole la campaña electoral o el comisario de turno que no cumple con sus funciones… Hay un patrón común en ambas actividades: mantenernos en la clandestinidad. Los mayores opositores y quienes más nos amenazan son los policías. ¿Por qué le molesta tanto a la Policía que estemos organizadas? ¿Por qué coaccionan a las compañeras cuando saben que pertenecen a organizaciones de trabajadores sexuales? Porque con el reconocimiento del trabajo sexual van a perder un negocio. Ya no podrían ir a cobrarle al dueño del club y disminuiría el tráfico de personas. Desde RedTraSex estamos haciendo un trabajo para sensibilizar y concienciar a los agentes para lograr una Policía no violenta. Y la verdad es que nos está yendo muy bien.

¿Qué impacto tiene el auge de las iglesias que mantienen un discurso ultraconservador? En Colombia fueron uno de los factores que propiciaron el «no» en el plebiscito por la paz.

Lo que ocurre en Colombia es contradictorio. El Consejo de Estado acaba de ratificar que el trabajo sexual es un trabajo más. El 18 de noviembre de 2016, a raíz de la agresión que sufrieron dos compañeras por parte de agentes de Policía en el centro de la capital, la Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía de Bogotá y al Gobierno «capacitar a miembros de la fuerza pública para evitar agresiones». Al Gobierno, en específico, le ordenó que «a través del Ministerio de Trabajo, cree políticas específicas a favor de esta población» –según reza el fallo– y «establecer una mesa de trabajo para fijar reglas que eviten agresiones y que ellas puedan ejercer su labor». Hace un par de años, la Corte Suprema colombiana admitió la demanda interpuesta por una trabajadora sexual que fue despedida por haberse quedado embarazada. En enero mantuve varias reuniones en el Ministerio de Trabajo para, junto al Sindicato Nacional de Trabajadoras Sexuales-SINTRASEXCO de Colombia, elaborar una guía. A mí me sorprendió muchísimo la seriedad con la que está abordando el tema el Gobierno. Las primeras que mandaron una carta de protesta cuando el Gobierno nos convocó al Ministerio de Trabajo fueron las feministas abolicionistas acusándonos de corromper a los menores. Tuvimos que hacer una declaración pública para dejar claro que nosotras no corrompemos a los menores, sino que sólo estamos reivindicando nuestros derechos.

En países como el Estado francés y Suecia se castiga a los clientes. ¿Qué consecuencias conlleva la clandestinidad?

Lo que hicieron en Francia es porque no hubo una organización fuerte de trabajadoras sexuales que hiciera campaña para que no adoptasen esta ley. Lo mismo ocurrió en Suecia. El gran problema que hay en Europa es que la mayoría de trabajadoras sexuales no son europeas sino latinoamericanas, que sueñan con ganar un poco de dinero, regresar a sus países y dejar la profesión. Así, es muy difícil organizarlas. Yo estuve trabajando en el País Vasco, en Vitoria. Entró Inmigración al local donde estaba y separaron a un lado a las españolas y al otro a las extranjeras. Estuve 48 horas detenida, me pusieron un sello rojo en el pasaporte y me mandaron a mi país. No era el mismo trato con nosotras. Necesitamos formación política para que la trabajadora sexual sea la protagonista y pelee por sus derechos. La prohibición siempre conlleva mayor explotación, clandestinidad, tráfico de personas. Fíjate lo que está ocurriendo con los inmigrantes que se dirigen a Estados Unidos. Las compañeras centroamericanas tienen hermanos, amigos… que terminan pagando numerosas sumas de dinero a los «coyotes». Tras los anuncios de Donald Trump, esos coyotes están cobrando 15.000 dólares cuando hasta hace poco pedían 5.000 por el mismo trayecto. Aquí en Buenos Aires puedes alquilar un departamento de dos habitaciones por unos 500 dólares. Si un grupo de compañeras quiere alquilarlo para ejercer el trabajo sexual como cooperativistas, tienen que pagar tres veces más. Si no, tendrán problemas. El patrullero irá a la casa vestido de civil, haciéndose pasar por cliente. Entra, mira, investiga y si no pagas el canon se te para en la puerta no dejando entrar a los clientes. Si nuestra actividad estuviera reconocida oficialmente, sería la misma cooperativa la que alquilaría el lugar, tendría su personería jurídica y no se dejaría chantajear. Es un ejemplo de los efectos de la clandestinidad.

En muchas ciudades, las trabajadoras sexuales se ven obligadas a ejercer su actividad en polígonos alejados y en situación vulnerable.

Estamos totalmente en contra de los guetos; con ello se buscan soluciones rápidas pero discriminatorias. Nunca se quiere abordar el problema de fondo y sentarse a discutir con nosotras. Por eso es tan importante una organización de trabajadoras y capacitar a las compañeras.