La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha asumido la investigación de los incidentes que tuvieron lugar en Iruñea en la tarde-noche del pasado 11 de marzo. Esta decisión la ha tomado después de que el Juzgado de Instrucción nº 4 de la capital navarra rechazara el recurso interpuesto por los tres jóvenes que siguen encarcelados por esos disturbios y se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional «ante la posibilidad de que los hechos delictivos fueran de carácter terrorista».

Lamela sostiene que los incidentes podrían encuadrarse en un delito del artículo 573 del Código Penal, que considera terrorismo «alterar gravemente la paz pública y subvertir el orden constitucional».

Cuatro jóvenes fueron detenidos acusados de participar en los disturbios, en los que se arrojaron piedras contra la Policía, se reventó un cajero y se dañaron comercios y contenedores. Uno de ellos, menor de edad, fue puesto en libertad el mismo día, mientras que los otros tres continúan en prisión.

El magistrado de Iruñea, cuya decisión se puede recurrir ante la Audiencia de Nafarroa, señala en su auto que la finalidad de los incidentes era «alterar gravemente la paz pública», y que la «alteración de la convivencia» se realizó «de forma plenamente consciente y planificada».

El juez añade que «aunque intente presentarse la actuación de los recurrentes como algo puntual ajeno a los incidentes provocados con ocasión de la manifestación, no puede ignorarse que de los datos obrantes en el atestado se desprende que el grupo de manifestantes respondió a una convocatoria para la realización de una manifestación no autorizada que tenía por objeto principal la búsqueda de un enfrentamiento violento con la policía que afectara al normal desarrollo de la convivencia, para lo que desde el principio se integraron entre los manifestantes encapuchados portando bolsas con piedras y objetos contundentes».

Sortu emitió un comunicado en el que afirma que «no tiene ningún sentido» que se trate de juzgar en la Audiencia Nacional a los jóvenes detenidos en Iruñea, y ve «totalmente desproporcionado que se les relacione con actos de terrorismo».

«Mientras este pueblo está dando pasos significativos para conseguir la paz y una convivencia normalizada –agrega la nota–, el Reino de España se empeña en descarrilar toda esta labor, utilizando como en el pasado un tribunal de excepción, entre otros».

Tras señalar que la AN «está de más, como lo estaba en el pasado», Sortu exige que «no intervenga en los asuntos relacionados con la ciudadanía vasca». Por último, reitera que no comparte ni el análisis ni la estrategia política de quienes convocaron la manifestación de Iruñea, y añade que «la decisión judicial no justifica la aplicación de la Ley Antiterrorista y la intervención de la Audiencia Nacional».