Ion SALGADO
BILBO

En defensa de un sistema vasco de protección social

Una manifestación convocada por la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria recorrió ayer las calles del centro de Bilbo para defender un sistema vasco de protección social «universal, inclusivo y justo». Los asistentes a la marcha reclamaron que se reviertan los recortes aplicados en 2012, y exigieron al Gobierno de Iñigo Urkullu que aumente la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) un 8%, igual que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Más de 3.000 personas –según el recuento realizado por GARA– se manifestaron ayer en Bilbo para reclamar un sistema vasco de protección social que sea «realmente universal, inclusivo y justo. Y que dé respuesta a la situación de exclusión social y pobreza por la que están pasando cada vez más personas».

Esta fue una de las demandas planteadas por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, que, por boca de Carlos Azkunde, exigió al Gobierno de Lakua que revierta los recortes sociales aplicados en 2012. Unos tijeretazos que se han agravado por la negativa del Ejecutivo a aumentar la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) un 8%, igual que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Además, pidió a Lakua que revoque «los impedimentos que se están poniendo para acceder a las prestaciones sociales». Cabe recordar que el pasado 22 de marzo la consejera de Empleo y Políticas Sociales de la CAV, Beatriz Artolazabal, anunció la implantación de la huella digital para identificar a los usuarios de Lanbide, tal y como defiende desde hace años el PP.

Azkunze insistió en la necesidad de frenar la «criminalización» de las personas preceptoras de ayudas sociales. «Son personas que están en situación de desprotección y no nos parece bien que se les criminalice», remarcó.

Críticas al PP y a Lakua

Esta opinión es compartida por el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, quien advirtió de que PNV y PSE «no están por la labor de tomar medidas para reducir las desigualdades sociales». «Prefieren hacer acuerdos con el PP, el partido de la corrupción, el partido que ha criminalizado la RGI», resaltó en alusión a las palabras del vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, que acusó a los migrantes magrebíes de «venir a vivir de las ayudas».

Frente a esta posición, Muñoz defendió la RGI, ya que «cubre las necesidades de quien peor lo pasa en nuestra sociedad». Y recordó que las políticas de cohesión social son un «bálsamo» contra la xenofobia, imperante en muchos lugares de Europa.

Por su parte, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, defendió la movilización social para impulsar un cambio en las políticas sociales. A este respecto, censuró que, pese a que durante la crisis económica ha aumentado el paro y la exclusión social, la inversión en gasto social es menor que en 2009. «Se invierte menos en gasto social y más en pagar los intereses de la deuda», criticó.

Remarcó que las instituciones de la CAV disponen de herramientas para solucionar esta situación. Abogó, por ejemplo, por introducir cambios en la política fiscal para aumentar los ingresos, creando un sistema justo y progresivo. «Es cuestión de voluntad política», añadió.

Lamentó que las principales instituciones de la CAV, gobernadas por el PNV y el PSE, «hacen políticas al servicio de los que se están beneficiando de las crisis económica», en referencia a las empresas y a las grandes fortunas.