Más de 1.600 prisioneros palestinos comenzaron ayer una huelga de hambre indefinida para exigir que se respeten los derechos básicos de los presos y se ponga fin a «la aplicación de la detención administrativa, la tortura, los juicios injustos, los tratos degradantes e inhumanos, las negligencias médicas, la detención de menores y la privación de derechos básicos como las visitas familiares o el derecho a la educación».

Actualmente, hay 6.500 presos palestinos, entre los que se incluyen 57 mujeres, 300 menores de edad, 13 parlamentarios y 18 periodistas. Además, 800 necesitan atención médica y cerca de 500 permanecen encarcelados en aplicación de la llamada «detención administrativa», figura que permite arrestar a una persona sin que se presenten cargos contra ella durante un periodo de seis meses prorrogable por otros seis meses.

La protesta, cuyo inicio coincidió con el Día Nacional de Solidaridad con los Presos Palestinos que se celebra cada 17 de abril desde 1974, está liderada por el líder encarcelado de Al Fatah Marwan Barghouthi.

En un artículo enviado al rotativo “The New York Times” desde la prisión israelí de Hadarim, Barghouthi denuncia la existencia de «un apartheid judicial que garantiza una impunidad para los israelíes que han cometido crímenes contra los palestinos y criminaliza la resistencia palestina». «Los prisioneros palestinos sufren torturas, tratos degradantes e inhumanos y negligencias médicas. Algunos han muerto durante su detención», subraya en el texto el líder de la Segunda Intifada.

Hanan Ashrawi, miembro del comité ejecutivo de la OLP, recordó que «desde el comienzo de la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza hace 50 años, más de 800.000 palestinos han sido secuestrados y encarcelados, y solo en los dos últimos años se han aprobado 13 leyes discriminatorias y racistas contra los presos palestinos».

«La comunidad internacional debería alarmarse ante la vulneración de derechos que sufren los presos políticos palestinos, especialmente quienes padecen enfermedades, las mujeres, niños y ancianos», resaltó.

Ashrawi ensalzó la decisión de los presos en huelga de hambre. «Ellos son el exponente de la criminal ocupación militar. Todos los miembros de la comunidad internacional deberían de apoyar su acción no violenta», manifestó.

El ministro israelí de Sanidad, Guilad Erdan, ordenó el establecimiento de hospitales militares para que los presos no sean trasladados a centros públicos ya que los facultativos médicos se niegan a alimentar a los presos en huelga de hambre en contra de su voluntad. Recientemente, el Tribunal Supremo israelí declaró constitucional esta polémica medida aprobada por el Parlamento israelí en 2015.

La red de solidaridad con los presos palestinos Samidoun alertó de que es «altamente probable» que Erdan «pretenda imponer una alimentación forzosa masiva fuera de la vigilancia de médicos civiles». El portavoz del Servicio de Prisiones israelí, Assaf Labrati, respondió que «la administración penitenciaria no negocia».