Un informe del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Iridia y las organizaciones Fotomovimiento y Novact constata que en la frontera sur del Estado español con Marruecos se vulneran de manera sistemática los derechos humanos de las personas migrantes. Estas entidades elaboraron el informe a partir de la observación y del testimonio directo de las organizaciones que trabajan en el terreno, tanto en Ceuta y Melilla como en Nador y Tánger.

Consideran que los migrantes procedentes de África subsahariana sufren «una fuerte situación de racismo social e institucional que les llevan a vivir en situaciones de extrema precariedad hasta que cruzan a territorio europeo». Afirman que la violencia que ejercen las fuerzas de seguridad marroquíes contra la población, en especial a los procedentes del África negra, es «sistemática y grave».

«La práctica de malos tratos y tortura contra la población migrante es habitual en los operativos destinados a evitar que las personas salten la valla», añaden. Para los autores del informe, el vallado creado por Madrid y Rabat es un dispositivo diseñado para lesionar a las personas que cruzan y afirman que existen situaciones de «malas praxis policiales y de malos tratos proferidas por agentes de la Guardia Civil contra las personas que están encaramadas».

Estas organizaciones aseguran que existen indicios de que en 2016 se devolvieron a Marruecos personas en un estado de salud grave, y que el Estado español presuntamente no respeta el principio de no devolver a una persona si su vida o libertad están amenazadas.

Respecto a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, critican su «sobreocupación sistemática», y que no existen mecanismos adecuados para garantizar la seguridad y protección de las víctimas de trata o de personas LGTBI.

Indican que el Gobierno español está realizando devoluciones sin identificar a las personas que saltan la valla, sin permitirles pedir asilo y realiza «una restricción del derecho a la libre circulación de movimiento de los solicitantes de asilo».

Ante esta situación Iridia plantea que el Gobierno español suspenda la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio hasta que este país se comprometa a respetar los derechos humanos.

Le piden además que respete el principio de no devolución de personas que están amenazadas o en riesgo de sufrir tortura, tratos inhumanos y degradantes u otras trasgresiones de los derechos humanos.

También reclaman que eliminen elementos lesivos de las vallas de Ceuta y Melilla y que deje de realizar devoluciones «en caliente», que los CETI cumplan los estándares que fijan las directivas europeas.