La Fiscalía quiere, al igual que las defensas del oficial 3389, responsable de la zona, y los suboficiales 1283 y 5351 que mandaban las dotaciones de dos furgonetas, que no se les juzgue por la muerte de Iñigo Cabacas y que nadie asuma responsabilidad penal por aquellos hechos que siguen conmocionando cinco años después a la ciudadanía. Se limita a adherirse a los recursos de los abogados de los ertzainas, después de no solicitar que se practicasen pruebas y se tomase declaración a algunos de los implicados, no estar presente en muchas de las diligencias y dejar pasar el tiempo para que el procedimiento se cerrase al agotarse los plazos.

La jueza Ana Torres acordó en una resolución dictada a punto de finalizar el plazo fijado para la instrucción imputar a estos tres mandos policiales por homicidio por imprudencia profesional grave. A los suboficiales, por haber ordenado disparar la noche del 5 de abril de 2012 en el callejón de María Díaz de Haro, y a su superior, por permitirlo.

La fiscal concluye que «no es posible determinar» que la muerte de Cabacas se produjese como consecuencia de la orden de disparar de los mandos de ambas furgonetas, al plantear que la pelota pudo ser disparada por agentes de esas dotaciones o de otras distintas a las que estaban bajo su mando. Asimismo, indica que «existen dudas razonables» de que uno de los suboficiales lo ordenase.

Respecto al oficial que controlaba la zona, dice que no está acreditado que tenga relación con el delito de homicidio por imprudencia en comisión por omisión que se le imputa. La Fiscalía llega a plantear que «ni siquiera se puede determinar cómo el agente podría haber paralizado unas cargas que se estaban produciendo» en el callejón donde cayó herido de muerte Iñigo Cabacas Liceranzu.

Se suma a las defensas

El Ministerio Público se suma al recurso de los tres imputados contra el auto del 31 de marzo de la titular del Juzgado de Instrucción nº 10 de Bilbo. Defiende el sobreseimiento provisional, al no haberse podido identificar al «agente que materialmente acabó con la vida de Iñigo Cabacas». Destaca que «tampoco se han podido determinar otras formas de autoría que darían lugar a un reproche en el ámbito penal, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que tiene la Administración Pública por el funcionamiento normal y/o anormal de los servicios públicos».

Además, la fiscal estima que «la existencia de una relación de dependencia jerárquica respecto a los autores materiales de un hecho delictivo no determina en sí misma que el superior ordene, autorice o tenga conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo por el inferior a la escala jerárquica».

Pese a estar de acuerdo sobre que algunos de los disparos de los policías autonómicos junto a la herriko taberna de Indautxu «se efectuaron con infracción de los principios básicos de proporcionalidad, prudencia, necesidad y seguridad», la fiscal precisa que «es posible que disparos que se realizaron en la zona pudieran ajustarse a los principios de proporcionalidad y legalidad, siendo necesarios para cortar los graves incidentes que se estaban produciendo y que no pudieron resolverse con disparos sin pelota».

También cree que todos los que dispararon no admitieron durante la instrucción haberlo hecho. «Ningún dato objetivo determina que el disparo de los agentes que han reconocido haber disparado con pelota de goma fuese el que impactó en Iñigo Cabacas produciendo su fallecimiento», añade.

La acusación particular, que representa a la familia Cabacas Liceranzu, ya anunció que iba a recurrir el auto, al entender que se debe imputar también a otros tres ertzainas que reconocieron haber disparado y a «Ugarteko» como responsable máximo del operativo.