La sentencia de la Corte Suprema de Argentina que valida la reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) sigue generando un fuerte rechazo tanto por parte de organismos de derechos humanos como de juristas y sectores políticos.

La pasada semana, tres jueces –dos de ellos nombrados por el presidente, Mauricio Macri– avalaron aplicar a Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas, la ley conocida como «2x1», derogada en 2001. Dicha normativa permitía computar por dos cada día de reclusión a quienes no tenían sentencia firme. Los magistrados argumentaron que a los represores también se les debe aplicar este «criterio de benignidad»

Abuelas de Plaza Mayo, junto a decena de organismos referentes en Argentina, denunciaron que esta resolución judicial «abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Los delitos cometidos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes no vigentes». Advirtieron de que este fallo «podría alcanzar a cientos de represores que estuvieron en prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones». De hecho, el lunes, los abogados del excomisario Miguel Etchecolatz –condenado por varias causas– y del excapillán castrense Christian Von Wernich –condenado en 2007 como partícipe y coautor de secuestros, torturas y homicidios– pidieron la aplicación del «2x1».

Ayer, miles de personas se manifestaron en Buenos Aires bajo el lema «Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto».