Todos aquí han oído hablar de los piratas somalíes que se adueñaron de las aguas cristalinas del Cuerno de África entre 2008 y 2012. A nadie aquí ha sorprendido que hayan vuelto. De hecho, nunca se fueron. A orillas del Índico todos sabían que era cuestión de tiempo que su bandera negra volviese a ondear.

«Los piratas no están muertos, sólo están dormidos. Volverán. No tengo ninguna duda». La advertencia de Abdullah Jama Saleh, el ministro de Contrapiratería de la región autónoma de Puntlandia, ha tardado algo más de un año en consumarse, pero lo ha hecho. Desde marzo, los bucaneros, piratas para unos, pescadores desesperados para otros, han perpetrado casi una decena de ataques en el golfo de Adén. La ruta entre el archipiélago de Socotra, uno de los paisajes más misteriosos del planeta, y Somalia, utilizada para ahorrar tiempo y combustible en la travesía por la costa este de África, se ha convertido en el dominio predilecto de esta nueva hornada de filibusteros.

Liderados por Afweyne Dhibic, Afweyne («Bocazas», en el sonoro idioma somalí), heredero del apodo con el que también era conocido Mohamed Abdi Hassan, involucrado en el secuestro del Alakrana y hoy en prisión en Bélgica por el ataque al Pompei, los piratas mantuvieron durante diez días secuestrados a los ocho tripulantes de un carguero indio. Semanas antes, el petrolero de bandera ceilandesa Aris 13 y el buque granelero OS35 también fueron atacados por piratas somalíes.

Hasta ahora, las fuerzas de seguridad han conseguido liberar los barcos sin el pago de rescate, lo que «de verdad podría alimentar la actividad pirata», alerta el experto en seguridad marítima y piratería Fernando Ibáñez, quien alude al efecto llamada provocado por el pago de más de un millón de dólares para la liberación el pasado octubre de los 26 marineros asiáticos que llevaban casi cinco años secuestrados por bucaneros somalíes para explicar el actual repunte de los ataques.

Aunque hasta el momento los asaltos marinos han sido frenados, el temor a que los temidos piratas somalíes que atenazaron la navegación en el océano Índico entre los años 2008 y 2012 con más de 700 ataques estén de vuelta se extiende en alta mar. «En realidad nunca se fueron, siempre han estado ahí. Lo que ocurre es que su percepción del riesgo que supone atacar a los barcos ha disminuido», apunta el responsable del programa contra la piratería de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Alan Cole.

La hambruna y un Estado fallido

Aunque las calles de Mombassa amanecen empapadas, teñidas con el barro de las últimas riadas, los campos siguen secos y la carne escasea en los mercados del valle del Rift. La sequía, una de las más severas de las últimas décadas, ha destruido las cosechas y diezmado el ganado. Las barrigas hinchadas asoman entre las tierras áridas que conducen a Somalia. Allí, más de 3,3 millones de personas se encuentran al borde de la hambruna. Una más. Y como ocurrió entre octubre de 2010 y abril de 2012, son muchos los que vuelven su vista a la piratería.

Entonces, mientras más de 260.000 personas morían de hambre, en algunas localidades pesqueras próximas a Hobyo los coches de alta gama avanzaban por veredas polvorientas. Los comercios estaban repletos y los jóvenes eran enviados a estudiar a las mejores universidades de Nairobi o Kampala. El negocio de la piratería, 7.000 millones de dólares sólo en 2011, se repartía entre toda la comunidad: hay que secuestrar, vigilar y atender a los rehenes. Una labor que involucra a toda la sociedad.

«El apoyo de la comunidad es muy importante para la piratería. Los piratas somalíes necesitan refugios seguros donde anclar los barcos durante las negociaciones y las comunidades locales son fundamentales para ello», apunta el director de proyectos para el Cuerno de África de la organización norteamericana Oceans Beyond Piracy (OBP), Ben Lawellin.

Cinco años después de haber dejado las armas en la primavera de 2012 para volver a dedicarse a la pesca y con el país sumido en la hambruna, los piratas de Hobyo han vuelto a escena. Las autoridades de Galmudug, el estado autónomo que alberga junto a Puntland buena parte de los refugios piratas, han advertido ya de que no permitirán a los bucaneros actuar con impunidad. Hasta la fecha han evitado que los secuestradores cobren sus recompensas y en Puntlandia la Policía Costera, un embrión de Guardia Costera financiada por Emiratos Árabes Unidos, se ha enfrentado al grupo Ali Zwahila por un reciente secuestro. «Las autoridades de Puntlandia y de Galmudug han desarrollado en los últimos años capacidades para hacer frente a los piratas, si bien es verdad que sólo resultan efectivas en operaciones en tierra o cuando el barco secuestrado se encuentra fondeado o próximo a la costa», señala Ibáñez.

La retirada de la operación Ocean Shield de la OTAN, la relajación en las medidas de seguridad por parte de las navieras –apenas el 20% de los barcos atacados desde marzo contaba con guardias armados a bordo– y la crisis en Yemen –algunos expertos advierten de que son inversores yemeníes quienes estarían aprovechando el caos que vive su país para patrocinar estos últimos ataques, financiándolos con armas, combustible y motores– hacen augurar un repunte de la conflictividad en el golfo de Adén en los próximos meses. «Si a este contexto le añadimos la hambruna, no parece que el problema pueda mejorar», sentencia el Doctor por la Universidad de Zaragoza en el Programa de Conflictos, Seguridad y Solidaridad.

Volvió la pesca ilegal

Y es que aunque los más de 700 ataques registrados entre 2008 y 2011 se redujeron casi a cero desde la primavera de 2012, la verdadera raíz del conflicto, la pesca por parte de flota extranjera en aguas de Somalia, no ha sido abordada. «El aumento de los ataques piratas provocó un descenso de la pesca ilegal pues los pesqueros no se atrevían a acercarse a la costa somalí. Y ahora que hay menos ataques piratas, hay más pesqueros en aguas somalíes», reconoce Ibáñez.

Desde 2014, Somalia cuenta con una Zona Económica Exclusiva que alcanza hasta las 200 millas de la costa y que exige una licencia de pesca para faenar en estos caladeros. Asimismo, la ley federal prohíbe que los buques extranjeros pesquen a menos de 15 millas para garantizar la pesca de bajura. Pero lo cierto es que la ley, en un país sin Estado, es sólo papel mojado: barcos extranjeros siguen adentrándose en las aguas somalíes, algunos con permisos emitidos por funcionarios corruptos que expiden supuestas licencias de pesca al margen de los canales oficiales. «En este caso –alerta Ibáñez–, los beneficiados son pesqueros, sobre todo asiáticos, que esquilman los caladeros de la zona. Esto afecta a los pescadores locales y, lógicamente, aumenta el riesgo de que algunos de ellos acaben prefiriendo dedicarse a la piratería».

La supuesta complicidad de las autoridades en las actividades pesqueras ilegales y el hecho de que muchos de los ataques se perpetran en alta mar, lejos de las caladeros de bajura, socava la lógica del discurso «Robin Hood» esgrimido por los propios pescadores. «Cuando tú atacas a una pareja de jubilados alemanes que navega en una embarcación de recreo en Seychelles ya no lo haces para defender tus aguas sino porque esperas conseguir un rescate y realimentar el propio negocio de la piratería», insiste Ibáñez.

Es innegable que los pescadores locales forman parte de las tripulaciones de piratas, pero «los líderes son algo más que simples pescadores», apunta Lawellin: «Están conectados con otras formas de crimen organizado, en muchos casos transnacional, que incluye el tráfico de armas y de personas». Desde 2012, estas redes han estado financiándose con otras actividades ilícitas, esperando al momento oportuno para volver a ondear la bandera negra.