La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó ayer ante el Tribunal Supremo un recurso contra el proceso de cambio de la Constitución, que impulsa el Gobierno de Nicolás Maduro, por considerar que no cumple con la legalidad.

«Estoy pidiendo a la Sala Electoral ahora que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral, primero la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales», dijo la fiscal.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo decidió esta semana que la fiscal no está legitimada para pedir la aclaración sobre la decisión con la que Maduro dio luz verde a la Constituyente sin un referéndum previo. Por ello, Ortega Díaz intenta ahora esta segunda acción e instó a los venezolanos a recurrir también ante el Supremo la iniciativa presidencial. «Yo creo que con esto también estamos destruyendo el legado del presidente Chávez», aseguró. El próximo 30 de julio los venezolanos deberán elegir a 364 miembros territoriales y 181 sectoriales para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, que tendrá la tarea de redactar un nuevo texto constitucional. El proceso deberá, además, ser sometido a un referéndum posterior.

Las fuerzas del chavismo salieron ayer a las calles para denunciar «los ataques terroristas» de la oposición e impulsar el proceso de recogida de firmas para respaldar a sus candidatos para la Constituyente.

La oposición, por su parte, se continúa con las protestas contra el Gobierno, que ayer cumplieron 69 días, y que mantienen un clima de tensión en el país, que ha dejado ya 67 muertos y más de un millar de heridos, según los últimos datos de la Fiscalía, si bien el Gobierno eleva la cifra a 80 víctimas mortales.

Ayer un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana fue encontrado muerto en el municipio caraqueño de Chacao. Buena parte de las muertes se producen en accidentes y por disparos en las zonas donde se levantan las barricadas. Así falleció el miércoles en el sector de El Paraíso, al oeste de la capital, Nelson Moncada, juez de la corte de apelaciones de Caracas, después de esquivar una de tantas barricadas. Moncada ratificó en 2016 la condena del opositor Leopoldo López a 13 años y nueve meses de prisión por su implicación en la violencia de las manifestaciones de 2014. El ministro de Interior, Néstor Reverol, no descartó la posibilidad de que fuese ejecutado «por sicarios contratados por la derecha terrorista».

Por otro lado, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informó de que la autopsia realizada a uno de los últimos muertos, un joven de 17 años, reveló que no falleció por el disparo de una bomba lacrimógena, como habían señalado algunos opositores, sino por la explosión de un artefacto casero. El primer vicepresidente del gobernante PSUV, Diosdado Cabello, acusó a la oposición de empujar a la violencia y a la muerte al menor.