Frente a los agoreros de uno y otro signo que llevaban meses asegurando bien que Madrid pararía este embate o bien que la mayoría soberanista catalana iba de farol, con su declaración de ayer el Govern ha tocado la campana que inicia el asalto definitivo. Y lo hace con doble rotundidad: una fecha próxima (1 de octubre) que despeja el riesgo de dilaciones propicias para cambalanches y una pregunta perfectamente clara, sin margen de ambigüedad.

Lo enunciado por el president Carles Puigdemont despeja incertidumbres y refuerza la credibilidad de la mayoría soberanista en un doble sentido. Por un lado, cumpliendo el mandato que se dio a sí misma en las elecciones al Parlament de 2015, en las que aunque se haya olvidado accidental o intencionadamente ya se rozó una mayoría independentista que hubiera dado paso a una declaración unilateral de creación del Estado catalán. Y por otro, avanzando por una vía de hechos consumados que Madrid, anestesiado por su propia propaganda, creía erróneamente patrimonio suyo. Resultó significativo que ayer el Gobierno de Rajoy midiera sus palabras y contuviera cualquier tic represivo a la espera de más acontecimientos.

El paso honrado y a la vez audaz del tándem Puigdemont-Junqueras con el acicate externo de la CUP pasa pantalla en esta decisiva partida por la soberanía. Y abre una nueva fase en la que el soberanismo catalán parte con ventaja al demostrar de nuevo su capacidad de iniciativa, su determinación y su talento frente a un Estado autobloqueado en lo contrario: parálisis, temor e incapacidad. Ello sitúa a Catalunya sin duda un poco más cerca de terminar siendo lo que solo su ciudadanía libremente decida. Y, de paso, contiene una lección para los dirigentes políticos vascos que a fuerza de subestimar e inhibir las potencialidades de su pueblo y exaltar las del Estado español eternizan un esquema en el que Euskal Herria no puede avanzar, solo retroceder o a lo sumo quedarse como está.