GARA
BRUSELAS

El acuerdo entre los acreedores no cierra la herida de la deuda griega

El complicado juego de equilibrio a cuatro bandas en torno al rescate griego concluyó la noche del jueves con un acuerdo que satisface parcialmente a todas las partes pero que sigue aplazando la solución definitiva a la cuestión de fondo: la no viabilidad de la deuda helena. No obstante, Atenas respira y el FMI se compromete definitivamente.

Grecia había llegado a la reunión del Eurogrupo, que tuvo lugar el jueves en Luxemburgo, con los deberes –en forma de recortes– hechos, por lo que nadie ponía en duda que el Gobierno de Alexis Tsipras recibiría a tiempo los 8.500 millones que necesita para hacer frente en julio a sus compromisos financieros urgentes. Por ese lado, no hubo mayores complicaciones.

Pero quedaba por ver si se daba un avance real en el tema de fondo que pesa como una losa sobre la economía griega: el alivio de su deuda pública. Y en esta cuestión se logró dar un importante paso que, aunque no ofrece una solución definitiva al problema, deja más o menos satisfechos a Atenas, a Berlín, al Fondo Monetario Internacional y al propio Eurogrupo.

En esta ocasión, se ha puesto por escrito el compromiso para, «si fuera necesario», aliviar la enorme deuda griega –más de 320.000 millones de euros, lo que representa el 180% de su Producto Interior Bruto (PIB)–. Eso sí, ese alivio solo llegaría una vez que se complete el plan de ayuda –el rescate cifrado en 86.000 millones de euros– y los acreedores (FMI, Banco Central Europeo y Mecanismo Europeo de Estabilidad) avalen el cumplimiento de sus exigencias por parte de Atenas. Esto se debería resolver en verano de 2018.

En ese caso, los acreedores estarían dispuestos a revisar la madurez de los bonos griegos para extender su pago escalonado durante quince años más. En contrapartida, exigen a Atenas que, a partir del año 2022, el superávit primario (sin tener en cuenta el pago de los intereses de la deuda) ronde el 2%, en lugar del 3,5% que llegó a reclamar Berlín. En un teórico escenario de recuperación, las finanzas griegas tendrían un mayor margen de maniobra para afrontar las necesidades de la población.

Precisamente, este era el punto más espinoso para el FMI, que insiste en que, en los términos actuales, la deuda griega es inviable y, según sus estatutos, eso impedía su participación efectiva en el rescate. Tras la reunión de Luxemburgo, Christine Lagarde anunció por fin que el Fondo participará con 1.800 millones de euros en préstamos, pero insistió en que solo entregará el cheque a condición de que la deuda griega sea calificada como sostenible.

La directora general del FMI resumió claramente en qué términos se produjo el consenso: «Nadie pretende hacer creer que se trata de la mejor solución, pero es la segunda mejor solución y, en todo caso, no es mala».

«Un paso decisivo»

Por su parte, el jefe del Gobierno griego, Alexis Tsipras, comentó ayer que se ha dado «un paso decisivo para salir de años de crisis» y el mensaje de que dentro de un año Grecia habrá salido del rescate. Además, dijo que el acuerdo del Eurogrupo es una «clara señal de confianza hacia los mercados».

De los 8.500 millones de euros, 7.700 millones se abonarán en julio y los restantes 800 después del verano –probablemente, después de que se celebren las elecciones legislativas en Alemania el 24 de setiembre–. Atenas utilizará 6.900 millones de euros para amortizar deuda; es decir, que “devolverá” ese dinero a sus acreedores. El resto se destinará a pagar atrasos del Estado con sus proveedores y es posible que sobre algo para dar liquidez a las arcas públicas.

Madrid plantea un veto para «proteger» a un funcionario

Apenas unas horas después de que concluyera la reunión de Luxemburgo, Madrid protagonizó ayer una maniobra estrambótica al advertir de que vetará el acuerdo del Eurogrupo si Atenas no garantiza la inmunidad de un funcionario español miembro del consejo de expertos del fondo de privatizaciones de Grecia. Ese funcionario, junto a un italiano y otro eslovaco, elaboró un informe no vinculante sobre un proyecto de ese fondo que terminó arrojando pérdidas millonarias, lo que llevó a un grupo de abogados griegos a presentar una demanda por actuar de «mala fe», a la que se sumó el Gobierno heleno.

El Ejecutivo de Alexis Tsipras se comprometió el año pasado a aprobar una ley con carácter retroactivo para garantizar la inmunidad de los tres implicados ya que entendía que no había existido «mala voluntad». Pero aún no la ha aprobado ni se ha retirado de la demanda.

Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, comentó que el tema se arreglará y que «no hay que dramatizar». GARA