Lakua dará «pasos firmes» en la defensa de la ley de víctimas de la violencia estatal. Así lo anunció ayer el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, quien censuró el recurso interpuesto por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional. Este ha suspendido algunos artículos de la norma, aprobada hace un año por el Parlamento.

En una comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad, Fernández avanzó que el Ejecutivo autonómico, que dispone de plazo hasta el 4 de julio para presentar alegaciones, pedirá el levantamiento de la suspensión. Y negó que la ley atribuya a la comisión de valoración competencias judiciales, tal como sostiene Madrid.

«Se ha interpretado erróneamente la función de la comisión de valoración. Es un órgano que debe valorar los expedientes que presenten los ciudadanos, y su misión no es investigar un hecho», destacó tras insistir en que la comisión de valoración tiene carácter meramente administrativo, no penal. «La ley no tiene como misión el esclarecimiento de los hechos», añadió.

Según explicó, el recurso interpuesto por el Gabinete de Rajoy «hace decir a la ley lo que no dice, para acto seguido tacharlo de inconstitucional». Algo que, a su juicio, demuestra que «el Estado no comparte el derecho a la reparación de las víctimas. [...] Si quisiese reparar a las víctimas podía haber tomado la iniciativa y haber impulsado una ley».

Fernández acudió a la Cámara de Gasteiz a petición del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, que emplazó al Ejecutivo a adoptar una posición reivindicativa frente a las injerencias del Madrid.

Visiblemente emocionada, Pili Zabala subrayó que las instituciones deben restablecer la dignidad de las víctimas, y Rafaela Romero, del PSE, instó a los dirigentes autonómicos y estatales a «abandonar la guerra de informes y competencias».

Desde el PP, Carmelo Barrio defendió la actuación del Gobierno español y culpó a Lakua de la situación actual. A su parecer, se trata de una ley que está «mal confeccionada».

El Parlamento de Nafarroa incluye crear un banco de ADN en la Ley de Memoria Histórica

La Comisión de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Parlamento de Iruñea aprobó ayer el dictamen en relación a la proposición de modificación de la Ley foral de reconocimiento y reparación moral de las víctimas de la represión franquista.

Según informó la agencia Efe, la proposición de ley, presentada a iniciativa de Izquierda-Ezkerra pero firmada también por Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu, busca «extender a las víctimas de la práctica de bebés robados el reconocimiento, la reparación moral y el amparo institucional necesarios para facilitar la búsqueda de los seres queridos injusta e ilegalmente arrebatados en el marco de la represión de género implantada durante el franquismo».

El documento aprobado denuncia el papel que jugaron personas pertenecientes a instituciones religiosas, sanitarias, políticas y judiciales, y contempla la elaboración de un censo de bebés robados para tratar de esclarecer los casos de adopción irregular.

Además, la Ley de Memoria Histórica recoge la creación de un banco de ADN dependiente del Instituto de Medicina Legal de Navarra que se encargue de conservar las muestras de restos óseos de las exhumaciones realizadas, así como de recabar muestras de las personas afectadas, «siempre que no se vulneren leyes de rango superior sobre la protección de datos». Estas pruebas deberán ser analizadas en un plazo de tres meses.

El Ejecutivo de Uxue Barkos asumirá el coste de las aperturas de enterramientos, para lo cual se dotará de una partida económica independiente de la dedicada a las exhumaciones. El texto también hace referencia se a la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica, y se encomienda al Gobierno de Iruñea la celebración de un acto institucional.GARA