Ion SALGADO
GASTEIZ

Un derecho subjetivo valorado en 250 euros mensuales

A partir del pasado jueves Lakua comenzó a enviar cartas a las 3.410 familias que cumplen los requisitos para solicitar el derecho subjetivo de acceso a una vivienda. Stop Desahucios reconoce que es un «paso adelante», aunque advierte de que no existen viviendas suficientes para garantizar este derecho. Y censura que la partida prevista para quienes no logren una vivienda de alquiler es «insuficiente». Será de 250 euros, lo mismo que se cobra por la PCV.

La semana pasada el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda inició el envió de cartas a 3.410 familias que pueden solicitar el derecho subjetivo de acceso a una vivienda. Un derecho recogido en la Ley de Vivienda, aprobada hace más de dos años por el Parlamento de Gasteiz.

Según informaron las agencias estatales, los requisitos para el reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a una vivienda son no estar en posesión de vivienda ni alojamiento estable o adecuado, estar inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales de Etxebide en régimen de alquiler con una antigüedad mínima de 4 años, acreditar ingresos mínimos de 3.000 euros –excepto en casos de discapacidad síquica y de movilidad reducida y víctimas de violencia de género– y no superar los 15.000 euros anuales en unidades convivenciales de tres o más miembros, y los 12.000 euros en unidades convivenciales de dos miembros.

En la misiva, que se comenzó a enviar el pasado jueves, se informa a las familias de los pasos que tienen que dar para tramitar el reconocimiento de este derecho, que puede suponer la adjudicación de una vivienda en régimen de alquiler o, en el caso de que no existan viviendas disponibles, el acceso a una prestación económica, con un máximo de 250 euros mensuales.

Esta es la misma cantidad que reciben hoy en día los 13.000 perceptores de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), asociada a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que en un futuro será sustituida por la Prestación Económica de Vivienda (PEV).

«La idea es que la PCV se convierta en la PEV, porque el espíritu de la Ley de Vivienda es que el derecho subjetivo no vaya asociado a la RGI», explicaron fuentes del Ejecutivo autonómico, que anunciaron un «periodo transitorio».

«Insuficiente»

En ese periodo se deberán abordar los problemas anexos al cambio de normativa, ya que puede que haya personas que estén recibiendo la PCV y no estén inscritos en Etxebide, o que hayan sido dados de baja del Servicio Vasco de Vivienda y no lo sepan. Así lo advirtió Marcelino García, de Stop Desahucios, que en declaraciones a GARA afirmó que el envío de las cartas es «un paso adelante que hay que tomar con cautela, porque no va a ver viviendas suficientes, y la prestación económica también es insuficiente».

Además, se mostró expectante ante la publicación del decreto que regula el derecho subjetivo de acceso a una vivienda, que será sometido a alegaciones públicas en los próximos meses y podría estar aprobado antes de que finalice el año. García espera que este documento vaya en línea con la posición de la Cámara autonómica, que el curso pasado instó a Lakua a que la aplicación del citado derecho no suponga «ni en requisitos ni en cuantías, un recorte en los derechos reconocidos».

Esta petición estaba recogida en una proposición no de ley presentada por el PSE, partido al que pertenecen los responsables políticos del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, liderado por Iñaki Arriola.