Amnistía internacional (AI) denunció ayer la impunidad de las fuerzas de seguridad egipcias que participaron en la «masacre de Rabaa» hace cuatro años, cuando cientos de seguidores de los Hermanos Musulmanes murieron en los violentos desalojos de las acampadas de Rabaa al Adauiya y Al Nahda en El Cairo. La cifra de fallecidos en las protestas de agosto de 2013 oscilan entre los 632, según el gubernamental Consejo Nacional de Derechos Humanos, y más de 800, según ONG internacionales.

La directora de campañas de AI para el Norte de África, Nayia Bunaim, afirmó que la «falta de justicia» ha abierto la puerta a «graves abusos» por parte de la Policía, incluido el uso letal de la violencia y desapariciones forzadas. «Las fuerzas de seguridad han aumentado sus abusos y variado sus métodos, llevando a cabo desapariciones y ejecuciones extrajudiciales a un nivel nunca visto antes», resaltó.

Atribuyó a «agentes estatales» la desaparición desde 2015 de al menos 1.700 personas. Frente a la impunidad, Bunaim denunció la persecución de cientos de personas que participaron en las acampadas islamistas y otras manifestaciones posteriores, que están siendo procesadas en «juicios masivos injustos».

«Es chocante el nivel de desigualdad entre la impunidad rampante de la que disfrutan las fuerzas de seguridad que tomaron parte en el desalojo de Rabaa y la persecución masiva de seguidores de los Hermanos Musulmanes que participaron en la protesta, así como periodistas que estaban informando ese día», destacó Bunaim.