El Gobierno francés recibió a primeros de agosto la luz verde del Parlamento para abordar los cambios que prevé hacer en la ley laboral mediante decreto y sin mediar debate legislativo.

Esta semana, la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, encara la ronda final en la que desvelará a los interlocutores las medidas claves de la reforma. La ronda se inició ayer tarde con una reunión con la poderosa patronal Medef, mientras que sindicatos y otros agentes sociales serán recibidos desde hoy hasta el viernes. Esta ronda marca el paso siguiente a la llamada «etapa de concertación» y, de acuerdo a las informaciones avanzadas por el Gobierno, en ella solo se desvelarán aquellos capítulos en los que el Ejecutivo ha arbitrado una salida clara tras dirimir las diferencias entre las partes.

El Ministerio de Pénicaud podría guardar sus cartas en relación a las cuestiones más espinosas de una reforma que pretende «flexibilizar» más las condiciones de trabajo, entre las que figuran las relativas a modalidades de contrato y de despido y, en particular, a la representación de los trabajadores.

El Ejecutivo de Edouard Philippe plantea fusionar las diversas instancias representativas de los trabajadores y, en función del tamaño de las empresas, abrir las puertas a foros de negociación cuyos representantes no tengan relación con las organizaciones sindicales.

Decretos y movilizaciones

El Gobierno quiere hacer públicos esos controvertidos decretos para el 31 de agosto, con objeto de que, una vez que sean ratificados en consejo de ministros, puedan entrar en vigor a finales de setiembre. Dos sindicatos, CGT y Sud, han anunciado ya una jornada de movilización para el 12 de setiembre.

Sin embargo, una iniciativa planteada previamente por Pénicaud ha causado una fricción mayor en la antesala de las reuniones sobre la reforma. La ministra quiere restringir los contratos de inserción, porque «cuestan mucho y no son eficaces» para atajar el desempleo. Así, mientras en 2016 se firmaron 459.000, este año podrían ser tan sólo 293.000. Según indican los sindicatos, esto implicará que «miles de ciudadanos que tienen temporalmente trabajo pasen directamente al desempleo».

Las instituciones locales –bajo el argumento de afrontar recortes de presupuesto– y, sobretodo, las asociaciones culturales y sociales más modestas –siempre en penuria económica– han hecho sonar la voz de alarma, advirtiendo de que la «vuelta al cole» puede verse muy afectada ya que muchos trabajadores de apoyo en educación dependen de este contrato subvencionado.

El Gobierno estudia un impuesto temporal a las grandes empresas para compensar gastos

El Gobierno francés estudia imponer a las grandes empresas una tasa de carácter temporal para compensar el impacto del coste de los litigios perdidos tras la decisión de los tribunales europeos de declarar inválido el gravamen a los dividendos establecido durante el mandato de François Hollande.

«No hay nada decidido aún», señaló al diario “Sud Ouest” el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, quien puntualizó que en estos momentos se discute «una solución temporal» que afectaría únicamente a los grandes consorcios. «Solo aquellos con ingresos superiores a mil millones de euros se verán afectados, no las pymes», subrayó. «El impuesto a los dividendos, establecido en 2012, fue considerado ilegal por los tribunales europeos y será suprimido», asumió Le Maire.

Esta medida, de aplicarse finalmente, tiene su justificación en el difícil equilibrio presupuestario que pretende logar el nuevo presidente francés, Emmanuel Macron. De entrada, para los presupuestos generales de este año se han suprimido 4.500 millones de euros en créditos en el conjunto de los ministerios después de que el Tribunal de Cuentas advirtiera sobre el riesgo de un desvío presupuestario considerable. Y para los presupuestos de 2018 se ha anunciado una bajada de 11.000 millones en impuestos obligatorios y una reducción del gasto público de 20.000 millones, al menos la mitad de esta cantidad a cargo de la Administración estatal. GARA