En el contexto de la conmoción provocada por la masacre yihadista de Barcelona y Cambrils, en la mañana de ayer una nota de la Guardia Civil de Fitero (Nafarroa) saltaba a los boletines informativos de todo el Estado. Este cuerpo policial daba cuenta de la detención de dos vecinos de 18 y 55 años, además de la investigación sobre uno tercero menor de edad, por «agresión», «insultos» y «amenazas de carácter islamófobo».

Según la versión de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron después del minuto de silencio en repulsa de los atentados de Catalunya realizado en la localidad ribera el sábado. Afirmaba que tres menores marroquíes fueron primero increpados por una persona, y que luego esa misma y otra les habrían golpeado con un palo de grandes dimensiones. Los denunciantes presentaron un parte médico que reflejaba lesiones como traumatismo craneoencefálico, lumbar, contusión torácica y pérdida de conciencia. Las detenciones se practicaron el lunes 21, aunque no se informó hasta ayer.

En un último apunte, la Guardia Civil indicaba que también los arrestados habían presentado denuncia contra los menores, aunque la nota lo atribuía a un intento de defensa por parte de estos jóvenes magrebíes.

Nada más trascender esta información, desde el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa se difundía un mensaje del Juzgado de Guardia de Tutera, en el que se desmiente el punto central de la versión de la Guardia Civil: que se tratara de una agresión de corte islamófobo.

Apunta que los dos hombres de 18 y 55 años detenidos están acusados únicamente de un supuesto delito de lesiones, pero no del de odio. Y se añade que quedaron en libertad el martes, aspecto que la Guardia Civil no había incluido en la nota cobijándose en la coletilla habitual de que «fueron puestos a disposición judicial».

A la espera de que los hechos se clarifiquen totalmente en los tribunales, y sobre todo el móvil de los mismos, la decisión judicial supone una clara desautorización para la Guardia Civil, que a su vez parece haber querido pisar el acelerador con una nota que omitía los datos relevantes de la imputación judicial real y de la puesta en libertad.

Las respuestas de carácter islamófobo a lo ocurrido en Catalunya han sido noticia estos días en diferentes puntos del Estado, con ataques como pintadas en mezquitas, pero no consta que se hayan producido arrestos en ningún punto, lo que daba más relevancia al caso de Fitero.

Otro problema

Desde su inauguración en 2015, el cuartel de Fitero ha sido objeto de un buen número de críticas por muy diferentes motivos, aunque lo que más ha quedado en la retina colectiva ha sido la parafernalia del acto de colocación de la primera piedra, con presencia militar y religiosa de máximo nivel al estilo de los años 40-50, acompañando a la entonces presidenta navarra, Yolanda Barcina, y al que era ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con ascendencia familiar en Fitero.

El cuartel fue señalado desde el principio como un capricho del ministro, que llegó a jactarse de que en diez kilómetros a la redonda la Guardia Civil disponía de tres instalaciones: también hay cuarteles en Corella y Cintruénigo. Incluso un sindicato de la GC censuró el proyecto y su coste: en torno a dos millones de euros. La actual presidenta navarra, Uxue Barkos, lo subrayó como «innecesario».

En un ámbito más local, el Tribunal Administrativo de Nafarroa instó al Ayuntamiento –en este feudo tradicional de UPN– a revisar la tramitación por irregularidades que los vecinos venían denunciado desde 2014. Y por si fuera poco, desde Fitero se ha denunciado que en el primer año de ejercicio en cuartel la cantidad en multas en la localidad se ha disparado un 350%.