El Ejército de Myanmar ha sembrado de minas antipersona la frontera con Bangladesh, por donde han huido desde finales de agosto casi 300.000 musulmanes de la etnia rohinya. Según Amnistía Internacional, testigos y expertos en seguridad han confirmado el uso de estos dispositivos explosivos en el estado Rakhine (oeste de Myanmar) y acusa directamente a las autoridades birmanas, quienes niegan cualquier implicación.

Al menos una persona ha muerto y tres, entre ellas dos niños, han resultado heridas de gravedad en cuatro detonaciones de minas, cuya utilización está prohibida por varias convenciones internacionales.

A la vez, la Guarda Fronteriza de Bangladesh denunció el despliegue de más de un centenar de miembros de las fuerzas de seguridad birmanas en el principal punto de tránsito terrestre para los rohinyas, mientras muchos de los 290.000 miembros de la minoría musulmana que ya han llegado a Bangladesh en las últimas dos semanas lo hacen a través del río Naf.

La crisis de refugiados comenzó el pasado día 25, tras un ataque de un grupo insurgente contra casetas policiales y militares en el estado de Rakhine, que fue respondido con una operación militar en la zona.

Según cifras oficiales birmanas, el número de muertos allí es de algo más de 400, pero testigos y organizaciones de derechos humanos hablan de tiroteos indiscriminados contra la población y el incendio de pueblos enteros, entre otras violaciones de los derechos humanos. La guerrilla del Ejército de Salvación Rohingya de Arakan anunció un alto el fuego unilateral de un mes para facilitar la distribución de ayuda humanitaria a los afectados por la crisis.

El primer ministro de Malasia, Najib Razak, se sumó a las denuncias de la violencia sistemática que sufre esta comunidad: «en realidad, se hace de una manera planificada para que sean torturados, discrimi