Actualmente Deniz Yücel es el periodista alemán más conocido que por su labor se halla en prisión –en Turquía, no en Alemania–. Hace más de 200 días, este corresponsal del diario conservador “Die Welt” fue detenido por la autoridades turcas que le acusan de un delito de «apología al terrorismo». La acusación se basa en una entrevista con el comandante del PKK, Cemil Bayik, y en un artículo que cuestiona que en 2016 el movimiento Gülen estuviera involucrado en el golpe de Estado contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Pero ha sido el gobierno de la canciller Angela Merkel (CDU), el que en plena campaña electoral ha recordado a los ciudadanos alemanes que también su libertad de prensa e información podrían precisar de una mayor protección contra la arbitrariedad por parte de instituciones estatales.

El pasado viernes, el presidente de la Oficina Federal de lo Criminal (BKA), Holger Münch, pidió públicamente disculpas por los errores cometidos por su policía. «Lo sentimos mucho», dijo en relación a los cuatro periodistas a los que a posteriori se les retiró sus acreditaciones cuando en junio estaban informando sobre la cumbre de los G20 en Hamburgo.

Esta drástica medida la emprendió en su día la Oficina Federal de Prensa del Gobierno alemán «por graves reservas de seguridad», según las informaciones facilitadas por la BKA.

En uno de los casos la policía confundió el nombre del periodista con un extremista derechista; en otro el servicio secreto interior había tachado falsamente al afectado de ser miembro de un «movimiento violento». En otro caso, el fotógrafo siguió figurando en sendos bancos de datos de «criminalidad por motivos políticos» y «delincuentes violentos de izquierda» aunque el pasado mes de mayo un tribunal le había absuelto de todos los cargos.

Por lo tanto, por ley, este detalle debería haber sido eliminado inmediatamente de los bancos de datos de la BKA, sin embargo la policía preveía estudiar esta medida para el año 2026.

Otro periodista pasó por lo mismo porque su nombre apareció en un específico banco de datos policial, que la BKA creó basándose supuestamente en informaciones proporcionadas por policías y servicios secretos extranjeros, entre ellos los turcos.

Periodistas «delincuentes»

En total, el Gobierno alemán hizo retirar la acreditación a 32 periodistas, que su portavoz Steffen Seibert tildó de «delincuentes» en su día; nueve de ellos han emprendido pasos legales por esta persecución. A finales de agosto, el Ministerio Federal de Interior, dirigido por Thomas de Maizière (CDU), ilegalizó el portal linksunten.indymedia.org. La web servía de plataforma para grupos del más amplio ámbito izquierdista. Dado que las publicaciones podían salir de forma anónima, aparecían informaciones sobre sabotajes y reivindicaciones de acciones consideradas ilegales por parte de la Justicia.

«En nuestra sociedad no hay lugar para radicales extremistas violentos de la índole que sean», justificó el democratacristiano su medida. Para dar más credibilidad a su versión, se filtró que en los registros se habían encontrado armas, un extremo falso del que varios medios se distanciarían más tarde.

Dado que carece de la competencia de cerrar medios de comunicación, el Ministerio determinó que cuatro personas vinculadas al portal constituían una asociación que lo mantenía. Por lo general, una asociación para ser reconocida como tal tiene que registrarse ante la Justicia. En el caso de linksunten no existe ninguna asociación de esta índole. Ni siquiera se les puede achacar a los cuatro presuntamente responsables la «asociación de malhechores» al carecer de esta característica.

La operación policial se produjo poco después de que la prensa empezara a cuestionar la legalidad del proyecto piloto de reconocimiento facial que De Maizière ha puesto en marcha en una estación muy transitada de la capital.

Defensores de los Derechos Civiles convocaron ayer una manifestación en Berlín bajo el lema: «¡Salvar los derechos básicos y celebrar la libertad!».