El Gobierno de Myanmar ha rechazado la petición de reprocidad al alto el fuego unilateral anunciado el sábado por la guerrilla del Ejército de Salvación Rohinya de Arakan (ARSA) para aliviar la crisis humanitaria de la minoría rohinya. «No negociamos con terroristas», respondió el portavoz de la líder birmana, Aung San Suu Kyi, en lo que supone la única respuesta oficial a la oferta de los rebeldes de la Nobel de la Paz.

«El ARSA anima a todos los actores humanitarios implicados a volver a prestar ayuda humanitaria a todas las víctimas de la crisis humanitaria sin importar la etnia o religión durante el periodo de alto el fuego», indicó el grupo, que instó al Ejército birmano a cesar sus actividades para permitir que la ayuda humanitaria pueda llegar a todos los afectados.

La violencia desatada por las fuerzas birmanas contra los rohinyas ha hecho huir ya a 294.000 personas e incluso a forzar a la ONU a suspender sus actividades y evacuado al personal no esencial tras las acusaciones de las autoridades de apoyar a la guerrilla. Muchos de los desplazados no han sido contabilizados ya que aún se encuentran en las cunetas de las carreteras. La ONU advirtió de la falta de alimentos para estas personas.

Ayer llegó una nueva oleada de 4.000 desplazados a la región de Cox's Bazar, en Bangladesh, la mayoría mujeres y niños. Más de 300 lo hicieron en pequeñas embarcaciones a Shah Porir Dwip, en la desembocadura del río Naf que separa los dos países y muchos de ellos se desplomaron en la playa nada más desembarcar debido a los mareos y la deshidratación.

Además, el Ejército birmano ha dificultado la huida sembrando la frontera de minas y el sábado murieron al menos tres rohinyas por la explosión de estos artefactos. Ayer se produjeron nuevos incidentes con minas en los que al menos un hombre perdió una pierna.

«Es una forma cruel y atroz de añadir miserias a una gente que huye de una campaña de persecución sistemática», denunció Amnistía Internacional.

3.000 muertos

El Gobierno de Bangladesh se hizo eco de «informes extraoficiales», según los cuales más de 10.000 casas han sido quemadas y más de 3.000 rohinyas han muerto desde el pasado 25 de agosto, en la ofensiva militar del Estado birmano, lo que «para muchos es un genocidio», añadió. El Ministerio de Exteriores bengalí acusó además a Myanmar de difundir «propaganda maliciosa llamando a los rohinyas ‘emigrantes ilegales de Bangladesh’» y a los atacantes de los puestos de la policía de fronteras birmana de «terroristas bengalíes».