El viceconsejero de Industria del Gobierno de Lakua, Javier Zarrionaindia, criticó ayer que la Generalitat de Catalunya haya «impulsado» el recurso presentado por el Síndic de Greuges (Ararteko) ante la Comisión Europea (CE) contra el acuerdo sobre tarifas eléctricas alcanzado entre PNV y PP en el marco de su pacto de presupuestos para 2017.

El acuerdo prevé un cambio que afecta a unas 1.250 sociedades del conjunto del Estado, alrededor de 800 de la CAV. El Gobierno español se comprometió a eliminar la tarifa eléctrica de alta tensión denominada 6.1.b y a englobar las tensiones de 30 a 36 kilovoltios en la tarifa 6.2 en el año 2018, lo que podría suponer un ahorro para las empresas vascas afectadas de 50 millones de euros.

Lakua presentó este acuerdo como un impulso para las compañías grandes consumidoras de electricidad como las siderúrgicas. Pero su impacto real está por ver, mientras que algunas de las factorías que podrían resultar beneficiadas, como la de Arcelor en Zumarraga, ya han sido cerradas. La que sí podría sacar partida es la ACB de Sestao.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Zarrionaindia dijo que el Gobierno de Urkullu recibió la noticia «con muchísima preocupación» porque «puede suponer un perjuicio importante» para algunas empresas vascas. Comentó que «en algunos estamentos se está transmitiendo» la idea de que «este acuerdo es una especie de trato de favor hacia la industria vasca, cuando eso es absolutamente erróneo».