Dirección y representantes de los trabajadores celebraron ayer sin acuerdo su último encuentro antes de que se diera por concluido el periodo de consultas del ERE de extinción, del que finalmente Edesa Industrial saca a 163 trabajadores.

Serán 145 los despedidos, ninguno mayor de 55 años ni «polivalente», a los que la empresa procedió ayer a comunicarles su despido.

En rueda de prensa en Arrasate, representantes de los comités de empresa de Edesa y Geyser denunciaron que se les pedía aceptar «un cheque en banco», que suponía «poner en grave riesgo» el proyecto de las dos empresas. Acusaron, además, al Grupo CNA de «mentir e incumplir» continuamente.

Aseguraron que han presentado una «solución basada en salidas voluntarias incentivadas y la aplicación o prórroga del ERE de suspensión para el resto, hasta saber cuál es el proyecto definitivo del inversor que pueda venir». Consideraron posible un «acuerdo tripartito entre Fagor, Edesa y la parte social en el que se asegure un mayor volumen de empleo con prejubilaciones, voluntarios y proyecto industrial», pero «no hay voluntad», subrayaron.

Impugnación del ERE

Denunciaron que el proceso «ha estado lleno de irregularidades» y no descartaron impugnar el ERE de extinción reclamando su nulidad. Explicaron, así, que «parte de la documentación» se les entregó tarde y la dirección actuó «de mala fe haciendo una propuesta de salidas voluntarias al margen del período de consultas».

Agregaron que la dirección adopta su decisión final basándose en un plan de viabilidad «redactado hace tres meses sin conocer siquiera la identidad de quien tiene que sustentarlo».

Advirtieron, además, sobre el «incierto» futuro de los 163 empleos que se mantienen ya que dependen de la llegada de nuevos inversores. Subrayaron, así, que queda «mucho camino por delante», porque no dan por «buenos ni los despidos ni la posible desaparición» del proyecto industrial. Reclamaron a la dirección, a Fagor Sociedad Cooperativa y a Lakua que «tomen la iniciativa, eviten despidos innecesarios y trabajen por el futuro del proyecto».

La dirección sostuvo que con el despido de 145 trabajadores está dando «los pasos necesarios para continuar con la actividad industrial en el País Vasco y poder iniciar conversaciones con un posible inversor antes de que finalice el período de preconcurso el próximo 30 de octubre».

Reclaman un nuevo plan industrial

El Plan de Industrialización 2017-2020, aprobado en julio por Lakua, y debatido ayer en la comisión de desarrollo económico del Parlamento de Gasteiz solo contenta a los grupos que sustentan el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova reclamó su retirada y la elaboración de un nuevo plan ya que «no da respuesta adecuada a los retos de la industria ni sirve para fortalecer el tejido industrial». Criticó que Lakua no tome «en consideración» los criterios de los agentes sociales, ni le dote de los recursos económicos necesarios para impulsar la industria. Además, «carece de objetivos estratégicos y tiene, en cambio, una clara base neoliberal, sin concretar la función que le debe corresponder a la iniciativa pública». EH Bildu aboga por la elaboración de un nuevo plan cuyo diseño y desarrollo sea fruto de la colaboración con los agentes sociales y que fije con claridad una serie de objetivos estratégicos, como que el peso de la industria llegue al 30% del PIB, que vuelva a las cifras de empleo de 2007 (250.000 personas empleadas) y que la inversión en I+D+i suba en cinco años al 3% del PIB.

Las críticas al plan de Lakua, que cuenta con un presupuesto directo de 1.225 millones de euros para sus cuatro años de vigencia, también llegaron desde las filas de Elkarrekin Podemos. José Ramón Becerra echó de menos «un mayor apoyo» a los sectores más afectados por las dificultades económicas. Señaló que no responde a la realidad industrial, porque sólo se plantean medidas para un 5 % de la industria, aquella que tiene un nivel tecnológico alto.

Desde los grupos que apoyan al Gobierno de Lakua, el parlamentario del PNV Luis Javier Telleria opinó que el plan demuestra el «liderazgo» del Ejecutivo en materia de política industrial y posibilitará que la industria dé el salto cualitativo que necesita, mientras que Susana Corcuera (PSE) aseguró que sirve para que la industria recupere su espacio tras la crisis.

Antón Damborenea (PP) consideró que puede tratarse de una buena iniciativa y «resultar bien» si lo planteado se cumple. GARA