Las «nuevas izquierdas» españolas rebosan de expertos en Carl Schmitt que, sin embargo, parecen preferir hacer genéricas llamadas al diálogo que posicionarse con decisión frente a la apuesta del Estado español por aplicar, aunque sin reconocerlo, el «estado de excepción» frente a la rebelión catalana. El Estado se pretende soberano y por ello recurre a determinar la excepción, como lleva haciendo décadas con respecto a Euskal Herria. Establecer excepciones se presenta como un acto de poder, pero indica más bien la debilidad estratégica de quien ha fracasado en su objetivo de generar consenso y adhesión y no tiene otro recurso que la fuerza.

La activación del artículo 155 es especialmente clarificadora en la cuestión de la soberanía y la excepción. La autonomía catalana puede perder sus competencias por la sencilla razón de que en realidad no eran suyas, sino otorgadas por un Estado que puede, si así lo desea o considera oportuno, recuperarlas. O mejor, dicho, gestionarlas directamente, pues la Generalitat las tenía sólo en usufructo. Ni siquiera era café para todos, sino dosis menguantes en tazas propiedad de un Estado que siempre se reservó, con habilitación constitucional para la intervención militar incluida, el derecho a pegar un golpe sobre la mesa y poner fin a la comedia.

Ante la soberanía del Estado, nada puede el pueblo de Catalunya. En realidad tampoco el pueblo del conjunto del Estado, pero a él se apela para acusar al soberanismo de fracturar un sujeto que nadie tuvo en cuenta al modificar la Constitución hipotecando las arcas públicas y el futuro de millones de personas al pago de la deuda.

El Reino de España amplia la excepción. Es muy posible que no tarde en aplicarla a muchos de los actuales equidistantes. Ojalá reaccionen antes, pero tengo claro que si hay esperanza no es por ellos, sino por quienes han hecho al Estado desprenderse de su careta.