Tras conseguir la anulación de los resultados electorales de agosto al detectarse «irregularidades» reconocidas por el Tribunal Supremo, el discurso de la oposición solo tenía un objetivo: lograr la reforma de la Comisión Electoral, a la que acusan de participar en el fraude auspiciado por el Gobierno de Uhuru Kenyatta.

Aunque en todo momento Odinga repitió que no acudirían a las urnas si no garantizaba la legalidad de los comicios, nunca llegó a retirar oficialmente su candidatura. Durante semanas, fueron sus seguidores los que se encargaron de presionar en las calles a la Comisión exigiendo su reforma. La violenta respuesta del Gobierno de Kenyatta, reprimiendo las protestas con cargas y detenciones arbitrarias, no hizo más que elevar la tensión, dejando tras de sí decenas de heridos y varios muertos. Pese a que la presión popular provocó la dimisión de uno de los miembros de la Comisión y llevó al director de la misma, Ezra Chiloba, a tomarse tres semanas de baja voluntaria, esto no ha bastado para contentar a la oposición: Apenas a unas horas de que abriesen los colegios y después de que el Supremo pospusiese su resolución sobre un recurso presentado por tres ciudadanos –cercanos a la oposición– para cancelar las elecciones, Odinga acudió de nuevo al parque Uhuru, en el centro de Nairobi, para llamar oficialmente al boicot.

«No participéis de ninguna manera en una farsa electoral», pidió a sus seguidores que jalearon la propuesta de convertirse en un «movimiento de resistencia» y lograr la celebración de «elecciones limpias y creíbles dentro de 90 días».

La mano dura como respuesta

Desde que la Justicia ordenase repetir las elecciones en Kenia por irregularidades en los comicios de agosto, las protestas han tomado las calles del país. Pero el grito de la oposición, «si no hay reforma, no hay elecciones», extendido desde Nairobi a Mombassa, ha sido violentamente contestado por el Gobierno. La muerte de un bebé de seis meses en Kisumu, uno de los bastiones de la oposición, destapó la indignación de la ciudadanía, aunque fue la detención del exlíder estudiantil y recientemente elegido diputado, Babu Owino, lo que terminó por incendiar la capital. Su arresto provocó un oleada de protestas en el centro universitario que se saldó con una veintena de alumnos heridos por la respuesta policial. «Utilizaron una fuerza excesiva», lamenta el investigador de política social de este centro, Sekou Toure Otondi, quien ha acusado al Gobierno de intentar envenenarlo con mercurio y de enviar a chicos de la calle a su celda para intimidarlo. Otondi es el principal instigador del movimiento «Tibim», un eslogan que las redes sociales han adoptado para reclamar una revolución política en Kenia.

Acusado de subversión, su figura se ha convertido en icono de las protestas contra el Gobierno, el cual ha acabado por forzar el cierre de la Universidad y el desalojo de la zona residencial para evitar que los estudiantes conviertan las calles de Nairobi en un nuevo frente contra Kenyatta.

Más allá de las calles, el Ejecutivo ha endurecido su persecución contra los líderes opositores. Las detenciones arbitrarias y las campañas de hostigamiento, tan frecuentes en la política keniata –en 2015 Human Right Watch acusó a la Policía de «estar implicada en cientos de ejecuciones extrajudiciales los últimos seis años»–, se han extendido ahora también al terrero político.

Hasta hace unos meses, alerta el activista y dibujante Patrick Gathara, esta política represiva se limitaba a operaciones en contra de Al Shabab, pero ahora «el Gobierno la está utilizando para combatir la disidencia interna». La propia hermana de Odinga cuenta con una orden de detención acusada de instigar revueltas violentas contra el Ejecutivo.

Un país paralizado

Bajo el paraguas de la seguridad nacional, el Gobierno trata de «controlar lo que dices o lo que criticas», continúa el dibujante, una de las voces más influyentes entre la oposición. Numerosos periodistas y blogueros, añade el investigador de HRW en Kenia Otsieno Namwaya, han expresado su preocupación por las amenazas a la libertad de expresión en el país, que ocupa el puesto 95 de 180 en el índice elaborado anualmente por Reporteros Sin Fronteras: Solo en 2017, una decena de informadores han sido agredidos o detenidos por realizar su trabajo.

Consciente de que el Gobierno de Uhuru Kenyatta mantendrá su mano dura como respuesta, Odinga pidió a sus seguidores que «permanezcan en sus casas o vayan a algún lugar a rezar»: «Somos conscientes de que el régimen planea utilizar cualquier excusa para masacrar a nuestra gente; no les demos esa oportunidad». Pese a sus advertencias, circulan ya las convocatorias de la oposición para organizar piquetes y boicotear la celebración de los comicios.

«Hasta el lunes no volveremos a vender». Como este ultramarino, son innumerables los comercios que han cerrado sus puertas ante el temor de que se repita lo sucedido en 2007, cuando la violencia postelectoral dejó más de 1.100 muertos, y, en menor medida, a lo ocurrido en agosto, cuando la oposición cifró en un centenar las víctimas mortales. La fotografía de ciudadanos haciendo acopio de víveres se ha convertido en la imagen de un país que permanece paralizado hasta que el mal sueño de estas elecciones haya por fin concluido.