De Bento Rodrigues, la primera localidad alcanzada por el torrente, «sólo quedó la añoranza», resume Antonio Quintao, de 49 años, que era dueño de dos casas que fueron arrasadas.

El desastre se originó cuando cedió, a cinco kilómetros de allí, el dique que contenía casi 40 millones de metros cúbicos de residuos mineros de la empresa Samarco, propiedad de la brasi- leña Vale, una de las empresas que financian al partido PMDB, el partido del actual presidente de Brasil, Michel Temer, y de la angloaustraliana BHP-Billiton.

Un tsunami de lodo mató el 5 de noviembre de 2015 a 19 personas, arrasó varias localidades en la zona de Mariana, en el estado de Minas Gerais, y recorrió más de 700 kilómetros por el río Doce hasta el Atlántico, devastando fauna y vegetación.

Hoy, Quintao continúa trabajando como operador de máquinas para Vale y vive junto a su familia en un pueblito cerca de la ciudad histórica de Mariana, con un alquiler y el equivalente mensual de un salario mínimo (283 dólares), pagados por Samarco. A la espera de la reconstrucción de Bento Rodrigues, que todavía no ha salido del papel, se resigna. «Teníamos nuestras casitas. Podían ser sencillas, pero eran nuestras. Ahora viviendo de limosna de la empresa, en una casa que no es nuestra», dice a AFP.

El día de la tragedia, iba del gallinero a la sala cuando sintió un zumbido ensordecedor. «¿Ese avión va a aterrizar en esta calle?», bromeó con su esposa. Pero de inmediato supo que era algo peor: un caudaloso torrente marrón corriendo ladera abajo por una rotura del dique.

Sin pensarlo, tomó los 3.000 reales que tenía y salió raudo en su camioneta para intentar evacuar a la mayor cantidad de vecinos posible antes del alud.

Pese al trauma, es capaz de relatar con detalle los minutos siguientes, hasta que apareció el primer helicóptero de bomberos con el que pudieron encontrar a los primeros sobrevivientes entre el barro. Y también a las primeras víctimas.

Dos años después, las ruinas de las casas continúan intactas, inhabitables. Bento Rodrigues parece un pueblo fantasma. Sólo se nota el paso del tiempo por las enredaderas y arbustos que han empezado a engullir los pedazos de paredes aún en pie.

A raíz del desastre, Samarco se enfrenta a varias demandas judiciales, entre ellas un proceso por homicidio contra 22 personas, incluidos altos cargos de la empresa. Todavía no hay condenas y el proceso está suspendido desde agosto, para investigar denuncias de la empresa en torno a la recogida de pruebas.

La Fundación Renova, creada tras un acuerdo entre Samarco, Vale y BHP con el Gobierno federal y el de Minas Gerais para tramitar las indemnizaciones y gestionar la reparación de daños poco ha hecho. La reconstrucción de los pueblos Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo y Gesteira es uno de sus planes.

Aunque el proyecto de Bento Rodrigues –que tenía 600 habitantes– es el más avanzado, aún está en fase de obtención de licencias ambientales, aprobación por la comunidad de los prototipos finales de las casas y contratación de las empresas para iniciar las obras.

Pese a que tiene el techo y la comida asegurados, Quintao no tiene grandes esperanzas. Lo más difícil del día a día sigue siendo lidiar con su propia conciencia. «Trabajo para una empresa que destruyó todo lo que yo tenía. Pero qué puedo hacer», lamenta. «Levantamos la cabeza y seguimos la vida», afirma.

Responsabilidad institucional

Organizaciones sociales reunidas en el octavo encuentro del Movimiento de Afectados por las Represas de Brasil (MAB) que han visitado la zona arrasada han responsabilizado del «crimen y la injusticia» cometidas a las instituciones, fortalecidas para defender los intereses corporativos desde la destitución de Dilma Rousseff, y a la propia Samarco, que «tanto se benefició de una actividad poco cuidadosa y no ha hecho nada por reponer a los afectados». «Dos años después todo sigue igual» y ni el Gobierno ni Samarco han modificado actividades y reglamentos. Y culpan a las instituciones de la anulación de juicios y comisiones de investigación.

Además, han constatado problemas de salud crónicos por la persistente toxicidad en el ambiente y daños más severos que los que el Estado y la empresa anunciaron, con el río Doce y el cercano mar incapaces de regenerarse y la tierra aún no apta para el cultivo ni para regenerar ecosistemas.

Han constatado también la resistencia de los afectados y la tenacidad de activistas en la denuncia y búsqueda de soluciones. GARA