La expeditiva condena contra Mladic es la última acta del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), que cerrará sus puertas el 31 de diciembre y que, desde su creación en 1993, en plena guerra en Bosnia, ha juzgado a 163 acusados.

Confirma la fijación para con Serbia de un tribunal de Justicia que, por principio, debería ser ciega. Lo que no excluye el rol principal, que no exclusivo, en la crisis balcánica, de Belgrado. Mladic, Karadzic y el finado Milosevic personifican la deriva étnico-mafiosa de la Yugoslavia post-Tito, una deriva, también es cierto, de la que tan responsable fue su incapacidad centrípeta para mantenerse tras el desplome del «socialismo real» panruso como la presión centrífuga de Occidente.

¿Ha ayudado el TPIY a cerrar heridas o ha exacerbado las tensiones en Bosnia y, por extensión, de los Balcanes?. Al margen de que la guerra terminó en 1995, y sin obviar sus epílogos en Kosovo (1999) e incluso en Macedonia (2001), convendría recordar, en 2017, que esa nunca debería ser labor de un tribunal, sino de todos los responsables políticos de la crisis. No solo, aunque también, de los serbios.