Agustín GOIKOETXEA
BILBO

Profesionales de la abogacía y la sanidad llaman a la marcha de enero en Bilbo

Profesionales de la abogacía y la sanidad mostraron ayer su adhesión a la movilización convocada por Sare para el 13 de enero en Bilbo en defensa de los derechos humanos de las personas presas y sus familiares.

Vestidos con las togas que emplean en las salas de vistas y las batas que portan en los centros sanitarios en su quehacer diario, una veintena de profesionales de la abogacía y la sanidad realizó ayer un llamamiento a sumarse a la manifestación organizada por Sare para el 13 de enero en favor de los derechos de los presos «por razones humanitarias y para exigir la aplicación justa del derecho justo».

La auxiliar de enfermería Zaida Casales y el abogado Félix Cañada, en nombre de quienes se adhieren a la convocatoria de Bilbo, exigieron que «se acabe ya con el uso y el abuso vengativo de la ley como arma política para causar daños añadidos a las personas presas y a sus entornos familiares».

«Se mantiene en la cárcel a personas presas gravemente enfermas o de edad avanzada, abocándoles a una muerte rápida cuando no inminente», alertaron. Añadieron que, por otro lado, «se aleja a la población reclusa de su entorno familiar, dificultando fortalecer los lazos que contribuyan a su futura reintegración y castigando a la propia familia a desplazarse centenares de kilómetros regularmente y durante años, sufriendo así también condena sin haber cometido delito alguno».

Frente a esa política vengativa, reivindicaron «los derechos humanos para todas las personas. También, y en este caso especial, para las que se encuentran privadas de libertad».

Expresaron su oposición a «una legislación de excepción, alejada de los derechos humanos» que, comentaron, «se traduce en que el derecho a la salud y el acceso a la sanidad se discriminen en función del delito o la pena de las personas encarceladas». «El famoso imperio de la ley es solo un eslogan hueco de las autoridades políticas, judiciales y penitenciarias para presos y presas vascas», denunciaron Casales y Cañada.

A la espera de que se resuelva el caso de Ibon Iparragirre mientras no se excarcela a otras personas con enfermedades graves o incurables hasta llegar a situaciones límite por expresa orden del Ejecutivo español, quienes se sumaron a la marcha manifestaron que «condicionar esa libertad a un fallecimiento inminente es tan despreciable como ajeno al común de las leyes europeas al respecto».

Su llamamiento a participar en la marcha de Sare estiman que supone «dar un paso más en el camino de la resolución, la paz y la convivencia». Recordaron que después de seis años transcurridos desde que ETA anuncia su decisión de abandonar la actividad armada, los estados francés y español vulneran «claramente» los derechos de las personas presas.

«El nuevo tiempo en el que nos encontramos, tras décadas de violencia, de muchas violencia y sufrimientos, requiere una nueva forma de mirar al futuro. Este tiempo nuevo –defendieron– exige que prevalezca la equidad y la justicia sobre el odio y el rencor».