El rifirrafe entre dirigentes del PP y el PNV a cuenta de la financiación de los batzokis ha sido diario durante el mes de agosto y llega hoy a la reunión del Euzkadi Buru Batzar, la primera de este curso. La formación jelkide anticipa que abordará en la cita si presenta o no una demanda o querella contra el PP por sus acusaciones, más bien insinuaciones, sobre el patrimonio jelkide. No se trata de una declaración aislada, sino reiterada y por distintas voces: Iñaki Oyarzábal, Nerea Llanos, Leopoldo Barreda, Borja Sémper...

La polémica pareció llegar a su punto culminante hace justo una semana, cuando el portavoz jelkide en el Congreso, Aitor Esteban, instó a quienes hacían tales afirmaciones a que «preparen abogado y procurador». No se circunscribió al PP, sino que incluyó también a EH Bildu, pese a que esta coalición ha evitado entrar en tal polémica, aunque sí ha denunciado otras gestiones irregulares y oscuras del PNV en ayuntamientos.

La amenaza de Esteban no varió lo más mínimo el guión del PP, que ha seguido interpelando al PNV indicando que su voluminoso patrimonio no se sostiene. Por contra, en los días sucesivos ha sido la formación jelkide la que ha ido plegando velas, de modo que en principio antes de la reunión de hoy se impone la tesis de no acudir a los tribunales.

Primero fue el presidente del PNV en Gipuzkoa, Joseba Egibar, quien corrigió a Esteban asegurando que demandar al PP no serviría de nada. Y el viernes, el máximo dirigente del partido, Andoni Ortuzar, abrazó esta tesis todavía con más contundencia. Afirmó que su partido «no va a perder un minuto más» con esta polémica, lo que da a entender que no habrá querella.

Tanto Egibar como Ortuzar replican que es el PP quien debería llevar el asunto a los tribunales, si es que tiene pruebas de financiación ilegal del PNV. Dirigentes como Sémper se cuidan mucho de remarcar que no las tienen, sino solo sospechas, y que por tanto no acusan, únicamente piden explicaciones.

Tribunal de Cuentas

El PP cuenta para esta refriega con elementos como el informe del Tribunal de Cuentas conocido en 2012 y relativo al periodo 1987-2007. En él se situaba a CiU, ahora en el ojo del huracán por la revelación del patrimonio oculto de Jordi Pujol, como la formación estatal que más donaciones anónimas había recibido en ese periodo, con un total de casi 42 millones de euros. Le seguía el PNV con 27,5 millones, por encima incluso del PP, que recibió 25, siempre según el citado informe.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Leopoldo Barreda, se aferra a ello para esgrimir que ni siquiera es su partido el que reclama aclaraciones, sino el Tribunal de Cuentas español. Barreda afirma que esta instancia ha pedido información al PNV sobre su patrimonio sin que Sabin Etxea «haya dado respuesta satisfactoria». «Siempre ha habido rumores», deja caer.