La rueda de prensa del Gobierno navarro fue ayer tensa después de que el lunes se conociera la denuncia ante Europa por la ley de reestucturación de la deuda a Osasuna. A raíz de esta reclamación, cuya autoría aún se desconoce, la UE ha pedido explicaciones al Gobierno al entender que se está llevando a cabo un trato de favor hacia el club. El Ejecutivo navarro, que es a quien se le han pedido explicaciones, asegura no haber tenido nada que ver con la ley y responsabiliza de todo a las formaciones que la aprobaron. Pese a ser el principal acreedor del club, la consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, sostiene no haberse interesado en este asunto por «respeto» al Parlamento.

Goicoechea desmintió también las afirmaciones que realizó el martes el consejero de Deportes, Iñigo Alli, en las que sostenía que técnicos de la Hacienda Foral habían asesorado en la redacción de la ley. «Esta es una ley que ha sido llevada por unos grupos parlamentarios en el Parlamento y quien ha llevado esta ley adelante han sido esos grupos», zanjó.

La consejera manifestó que la ley se confeccionó a raíz de una serie de reuniones que tuvieron los asesores de la gestora con los grupos parlamentarios. Con «algunas modificaciones en lo que proponían», finalmente fue la propuesta de la gestora la que se aprobó en la Cámara, explicó Goicoechea. Sin embargo, solo salió adelante con el apoyo de UPN, PSN y PP. El resto de formaciones manifestaron dudas sobre su legalidad, al igual que los propios servicios jurídicos del Parlamento, que apuntaban a que el caso debiera de haberse resuelto en el Departamento de Hacienda.

El consejero portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, abundó en la idea de que el Gobierno se limita a hacer cumplir la nueva ley. Nada más. En este sentido, el Ejecutivo anunció que han solicitado formalmente al Parlamento que pida a Comptos que audite la actuación de Hacienda con respecto a Osasuna de 2005 a 2014. Del mismo modo, han acordado solicitar a Osasuna «que efectúe a su cargo una auditoría externa del mismo período». Así, la acción de la Cámara de Comptos se limitará a revisar a Hacienda pero sin entrar en las cuentas del club (no puede, dado que no es público). Por otro lado, al ser preguntada Goicoechea sobre si será el club quien elija a la auditoría que le revise las cuentas, la vicepresidenta aseguró que no lo sabe.

Con respecto a la auditoría de las cuentas del club, Goicoechea afirma que el Gobierno no había podido exigir anteriormente a Osasuna una auditoría de sus cuentas, ni siquiera como condición para hacer efectivos los aplazamientos del pago de deuda. No obstante, manifestó que durante su etapa al frente del Departamento sí que solicitaron a Osasuna planes de viabilidad que garantizaran el abono de la deuda contraída, dejando claro que anteriores gobiernos de su formación aplazaron el pago del dinero que se debía sin preguntar qué haría el club para poder devolverla a futuro. Goicoechea, además, sostuvo que desde que es consejera ha «intentado» que Osasuna cumpla con sus obligaciones.

Dudas sobre el valor de El Sadar

Con respecto a las dudas de la UE de que El Sadar y Tajonar se hayan tasado a precios de mercado, la vicepresidenta recordó que la ley nueva incluye una nueva tasación de las infraestructuras que el club entregaría al Gobierno como dación en pago de su deuda. La vicepresidenta sostuvo que ha tenido conocimiento del valor de esa tasación por los medios de comunicación, que la cifran en 43 millones. En este sentido, cabe remarcar, que uno de los puntos de la denuncia de Bruselas sostiene que esos inmuebles están sobrevalorados y se plantea que, en el caso de no estarlo, por qué no se venden a un tercero y se consigue así la devolución del grueso de la deuda. En todo caso, la consejera aseguró que la nueva tasación será la que fije el valor final de los inmuebles sin que afecte a esa cifra la tasación del club hecha hace solo meses.