EH Bildu acusa al PNV de «presumir de transparencia» y no ejercerla en aquellos ayuntamientos vizcainos donde gobierna con mayoría absoluta. Esa práctica, apuntan desde la coalición soberanista, lleva a los jeltzales «a aplicar el urbanismo según intereses particulares». No es una denuncia nueva y la respuesta del PNV es que EH Bildu apuesta por una «política de desgaste» a través de iniciativas en los juzgados acompañadas de la crítica política. Lo cierto es que el último caso que ha transcendido afecta directamente a la familia del presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar.

Se ha producido en Abanto, de donde es natural el líder jeltzale, y con una propiedad familiar. Se trata de la parcela nº 21 del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Sanfuentes, donde se ha alzado durante décadas la vivienda unifamiliar de una planta de los Ortuzar Arruabarrena.

Según las escrituras, el solar tenía una superficie de 940 metros cuadrados, aunque desde EH Bildu precisan que en el planeamiento urbanístico se indica que la finca tiene una superficie de 996 metros cuadrados. La legislación establece que la parcela mínima para edificar es de 500 metros cuadrados, por lo que en ese terreno de la avenida de los Chopos solo se podría construir una vivienda.

La propietaria del solar es la edil del PNV Argiñe de la Cruz Ortuzar, sobrina del presidente del EBB. Su intención es derribar la vivienda que habitaron sus abuelos maternos y edificar una nueva construcción más moderna y funcional. Consciente del handicap urbanístico, presentó en el Consistorio abantoarra una nueva medición que fija en 1.005,60 metros cuadrados la extensión de la parcela.

Por el decreto de Alcaldía número 418, Maite Etxebarria Azpiolea admite el informe técnico que ha encargado su compañera de partido y que le permite construir dos viviendas en vez de una como se establecía en base a lo certificado por la escritura primigenia y por el planeamiento urbanístico municipal.

Celeridad en la tramitación

EH Bildu desvela que la solicitud se presentó el 5 de junio de 2014 en el registro del Ayuntamiento y la resolución de la alcaldesa se rubricó tres semanas después, el 26 de junio. La coalición soberanista destaca la «celeridad» con la que se tramitó el expediente que promovía la concejal delegada de Acción Social. «Esta agilidad la quisiéramos en todos los casos», denuncian sus dos ediles.

Pero antes de que De la Cruz Ortuzar consiguiera que la alcaldesa certificase que su finca del barrio de Sanfuentes tenía una superficie de más de mil metros cuadrados y que, por lo tanto, podía plantearse construir dos viviendas, había solicitado una modificación en el planeamiento urbanístico para así poder acometer la edificación en la avenida de los Chopos.

El cambio que se planteó, que se aprobó gracias a la mayoría jeltzale, permite en esa finca reducir de 4 a 3 los metros de separación de nuevas edificaciones colindantes para poder hacer que la nueva edificación sea más amplia. Esa reforma urbanística fue aprobada el 31 de marzo de 2014 en un pleno extraordinario «convocado -recuerdan los soberanistas- casi en exclusiva a tal efecto».

La propuesta salió adelante gracias a seis de los ocho votos de los corporativos del PNV -Argiñe de la Cruz Ortuzar y su madre, María Teresa Ortuzar Arruabarrena, no participaron en la votación al ser un asunto que afectaba a sus intereses particulares-, la oposición de un edil de EH Bildu -otro no asistió a la sesión- y la abstención de los dos concejales del PSE y de la representante de Indaz.

«Práctica habitual»

EH Bildu incide en que se trata de un caso evidente de «urbanismo a la carta», que afecta a ediles del PNV que son familiares directos del presidente del partido. Desde la coalición puntualizan que no es el único ejemplo que han detectado esta legislatura, ya estuviera como alcalde Manu Tejada, antes de ser nombrado gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, o Maite Etxebarria.

«Es una práctica habitual», aseguran en su reflexión sobre la política jeltzale en materia urbanística en Abanto. «Podríamos hablar del tratamiento dado a Petronor o de la tramitación del `futuro' parque tecnológico... pero también se viene aplicando para favorecer a particulares», argumentan, con el agravante de que las beneficiadas en este caso son dos ediles del PNV, sobrina y hermana del presidente de Euzkadi Buru Batzar. EH Bildu considera que no es posible aceptar ese modo de gobernar.