La viceministra de Justicia ecuatoriana, Rosa Mireya Cárdenas, tiene a sus espaldas una amplia trayectoria de lucha. Su puesto en la administración de Rafael Correa lo compagina con la presidencia de Alfaro Vive Carajo, organización que practicó la lucha armada hasta los acuerdos de paz de 1991. Ella fue la encargada de leer el manifiesto por el que 75 personalidades de Ecuador alentaban una solución democrática para Euskal Herria.

Tras la declaración hecha pública el martes, Ecuador se suma a México, Uruguay y Argentina como países que han dado un paso adelante para reivindicar la paz en Euskal Herria. ¿Qué importancia tienen actos como el celebrado en Quito?

Siempre hemos tenido una expectativa sobre todo lo que ocurre a nivel mundial y hemos tenido el referente del País Vasco, de todo lo que ha sufrido durante años. Creemos que debemos contribuir y unirnos a esta llamada de atención al mundo para confluir realmente en la paz a través del diálogo.

Ustedes también vivieron su propio proceso de paz.

Teníamos un proyecto político-militar como organización Alfaro Vive Carajo, que nació en febrero de 1983. Soñábamos con construir una patria grande latinoamericana, una verdadera soberanía, democracia con independencia económica y justicia social. Presentamos al país esta declaración y el proceso fue brutalmente perseguido. Por la derecha, por la oligarquía que se vio amenazada, por la banca. Se vieron amenazados. La gente apoyaba el proyecto de Alfaro Vive y la persecución fue terrible. Se utilizó a las diferentes instituciones del Estado para violar derechos. Se utilizó el Ejército y la Policía, se crearon bandas paramilitares que actuaban directamente con el gobierno de León Pérez Cordero.

Hubo miles de presos políticos, asesinados, perseguidos... Los jóvenes no podían permanecer en las calles porque eran catalogados como guerrilleros y terroristas. León Pérez Cordero nos catalogó como narcoguerrilla pese a que no teníamos nada que ver con el narcotráfico. En ese marco asesinaron en el 86 a 36 de nuestros comandantes. Tras la derrota militar, decidimos entregar las armas con el Ejecutivo de Rodrigo Borja.

¿Cómo vivieron aquel proceso?

Hubo división en Alfaro Vive. Un grupo asumió entrar en las filas de la izquierda democrática, otro decidimos convertirnos en partido político y un último abogó por reinsertarse en la vida civil. Fue difícil. No pudimos reinsertarnos en la vida civil, hacer el partido político y tampoco fuimos aceptados en las filas de la izquierda democrática. Hubo un silencio de más de una década donde estuvieron los traumas de la tortura, de las desapariciones de compañeros...

Hasta la llegada del Gobierno de Correa, que puso en marcha una comisión de la verdad.

Tuvo la decisión política de crear una comisión de la verdad para que pudiésemos romper el silencio. Abrió los archivos de las entidades militares y policiales. Descubrimos una verdad que ahora está siendo juzgada. Ecuador está liderando un proceso de justicia. No está juzgando a los elementos más bajos del Ejército sino a oficiales y generales que tuvieron que ver con la represión. Este gobierno ha tenido la valentía de invitarnos a ser parte. Y nosotros hemos aceptado porque creemos que este es un proceso que suma fuerzas y que lucha por los más pobres. Estamos con la revolución ciudadana.

Ustedes llegaron a acuerdos. Madrid se niega incluso a reconocer la entrega de armas.

El proceso de 1991 fue rápido y se basó en el diálogo y los acuerdos de paz. Pero también tuvimos dificultades. No pudimos reinsertarnos en la vida civil fácilmente. Tuvimos muchos problemas durante 25 años. No podíamos sentarnos a hablar sobre Alfaro Vive. Fue necesario hacer una campaña de recuperación de la memoria, romper los silencios, de que cada uno cuente su historia, lo que pasó en los 80, que descubramos incluso los «infiernillos» en los que nos tuvieron. Fue con este gobierno cuando hemos sentido ese reconocimiento como luchadores populares. Hemos dejado atrás la estigmatización.