Autor de “Manual del torturador español”
Negacionistas de la tortura

Tanto el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, como la Consejera de Interior, Beltrán de Heredia, han negado toda credibilidad a las centenares de víctimas que han denunciado haber sido torturadas por la Ertzaintza, argumentando que no ha habido ninguna sentencia judicial firme por torturas contra dicho cuerpo policial. Un argumento que también ha utilizado, en una entrevista concedida al diario Berria, el Secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández.

22/02/2017

En dicha entrevista, Fernández ha recalcado la existencia de veinte sentencias firmes por torturas contra la Guardia Civil y la Policía española, mientras que no ha habido ninguna contra la Ertzaintza, pero se ha guardado muy mucho de precisar que 19 de esas 20 sentencias condenatorias corresponden a casos sucedidos bastantes años antes de que se empezaran a producir, en la década de 1990, decenas de denuncias anuales de torturas contra la Ertzaintza.

En efecto, 19 de esas sentencias corresponden a casos de torturas anteriores a 1985, en los que medio centenar de guardias civiles y policías terminaron por ser condenados en firme porque los torturadores apenas se esforzaban entonces en no dejar marcas. Aquellos casos pusieron en serios aprietos a las autoridades, y éstas instaron a los torturadores a dejar de lado viejos métodos franquistas, y usar en su lugar técnicas más sofisticadas, que no dejan huella física alguna.

Xabier Etxeberria, Director del Aula de Ética de la Universidad de Deusto, denunció al respecto que la tortura, lejos de desaparecer, se hizo secreta, y que «Este secretismo, por un lado, garantiza la impunidad del torturador y, por otro, deja sumida a la víctima en el mayor desamparo no sólo en el momento de ser torturada, sino en el momento de reclamar la justicia y la reparación debida por lo que se le ha hecho».

Ha sido ese secretismo el que ha provocado que, desde 1985, haya habido un único caso de torturas con penas firmes, el de Kepa Urra, torturado en 1992 por la Guardia Civil. Una única excepción que confirma la regla que ha regido desde entonces, la de la impunidad de los torturadores. 

Es en ese contexto de impunidad en el que hay que analizar las centenares de alegaciones de torturas contra la Ertzantza. Un contexto en el que tan solo ha habido una sentencia condenatoria firme y no veinte como engañosamente afirma Jonan Fernández quien ha hecho asimismo hincapié en las medidas preventivas contra la tortura que adoptó la Ertzantza en 2003.

Bien es verdad que, desde entonces, hubo muchísimas menos denuncias anuales por torturas contra la Ertzantza bajo gobiernos del PNV, pero ello puso precisamente en evidencia el impulso político tras dicha lacra. Puso en evidencia que, cuando las autoridades así lo han decidido, los casos de tortura han disminuido, y vuelto a aumentar en cuanto el impulso político ha sido de signo contrario.

En el caso del PNV, ese impulso también fue evidente durante la tregua que acordó ETA con el PNV en septiembre de 1998. Durante la tregua, las denuncias por torturas contra la Ertzantza fueron bien escasas, mientras que tanto antes como después de dicha tregua la media anual de denuncias fue muchísimo mayor.

Además, Jonan Fernández sabe de sobra que, tanto el Ararteko como diversos organismos internacionales, venían solicitando que se adoptaran medidas preventivas contra la tortura desde muchos años antes de que la Ertzaintza empezara a adoptar algunas de aquellas medidas en 2003. Y que siguió sin adoptar otras cuantas; entre ellas, una bien sencilla solicitada una y otra vez por el Ararteko desde cuatro años antes.

En efecto, el Ararteko recomendó en 1999 que se implementara un sencillo sistema de grabación preventivo en todas las comisarías de la Ertzantza, usando las cámaras ya existentes, y la Consejería de Interior no pudo sino aceptar la recomendación. Sin embargo, no empezó a grabar las detenciones incomunicadas hasta seis largos años después.

Entonces, el Consejero de Interior, Javier Balza, reconoció que «como en el 95 % de los calabozos de la Ertzantza estaba ya instalado el sistema de grabación, pues, en el momento en que asumimos el compromiso político se dio la orden de que los detenidos incomunicados fueran custodiados en calabozos provistos de sistema de grabación». Y también reconoció que, hasta entonces, en los casos de detenciones incomunicadas, habían decidido priorizar «la eficacia de las investigaciones». Una decisión tras la que hubo, asimismo, un evidente impulso político.

Años antes, los dirigentes del PNV adoptaron otra gravísima decisión, la de apoyar que el Gobierno presidido por Felipe González empezara a conceder indultos a guardias civiles de Intxaurrondo condenados en bien conocidos, y escandalosos, casos de torturas.

Así, cuando el Grupo Parlamentario Eusko Alkartasuna propuso, en dos ocasiones, que la Cámara de Gasteiz mostrara su repulsa por aquellos indultos gubernativos, y se elevara la denuncia a los organismos internacionales competentes, el PNV se opuso, con lo que dichos indultos fueron concedidos con su pleno y expreso apoyo, lo que abrió el camino para que se siguieran concediendo, hasta alcanzar al 60 % de los torturadores condenados en firme.

Esa es la triste realidad de unos dirigentes que siempre han afirmado estar contra la tortura, pero que en la práctica no han hecho apenas nada contra dicha lacra, teniendo como han tenido tantos medios para hacerle frente. Y que ahora se enrocan en el negacionismo junto con sus socios de Gobierno.