Mantiene su dispersión en cárceles muy alejadas del domicilio habitual, lo que supone una condena añadida para los familiares y amigos, dado el coste del traslado para las visitas y los accidentes de tráfico generados.

Igualmente, incumpliendo su propia legislación, el PP mantiene en prisiones alejadas a personas con enfermedades crónicas, con graves limitaciones, con el objetivo de lograr el hundimiento físico y personal de los presos, obstaculizando una atención sanitaria adecuada. Asimismo, mantiene en prisión a Arnaldo Otegi y Rafa Diez, como responsables del giro estratégico en la Izquierda Abertzale, para acabar con la violencia armada.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han dictado sentencias que condenan la política penitenciaria del Gobierno español, quien con absoluta arrogancia, con el apoyo de los medios de comunicación de la derecha y la extrema derecha, se enorgullece de incumplirlas, pese a la violación que supone de la Constitución, que tanto dicen defender. El propio Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, alardeaba que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 21-10-2013, no iba a ser aplicada, apostando por encontrar los vericuetos jurídicos necesarios, para impedir ilegalmente la liberación de los presos que han cumplido su condena. Finalmente, la intervención de los tribunales europeos les obligó a cumplir sus sentencias, mientras orquestaban una fuerte campaña de desprestigio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El vengativo mantenimiento de la dispersión de los presos en cárceles alejadas, la obstrucción a la acumulación de condenas pronunciadas en otros estados de la UE, supone conculcar derechos fundamentales de las presas y presos vascos, impide la relación con sus familiares, obstaculizando su inserción.

Esta política vengativa del Gobierno, no persigue la pacificación, sino que busca obstaculizar la convivencia y normalización política en Euskal Herria, para impedir que se fortalezca la reivindicación del Derecho a Decidir o las aspiraciones soberanistas.

La convocatoria de SARE, red ciudadana para la defensa de los derechos de las personas presas, para abarrotar las calles de Bilbao y Baiona, el próximo 9 de enero -que es suscrita por una amplia y plural red de personalidades, organizaciones sindicales, políticas y sociales-, debe ser apoyada sin vacilación alguna por la ciudadanía vasca y las fuerzas políticas.

La inhumana y vengativa política penitenciara busca, al igual que con la ley “Mordaza”, liquidar cualquier disidencia social. Ninguna discrepancia ideológica con los presos, ni con las acciones por la que fueron encarcelados, puede justificar la pasividad ante la conculcación de los derechos humanos de los presos o sus familiares. 

Por ello, quienes se oponen a esta inhumana política carcelaria, deben tomar ejemplo del comportamiento y compromiso de víctima de ETA o del GAL, como Rosa Rodero y Edurne Brouard, entre otras muchas, para apoyar la convocatoria.

La participación masiva el próximo día 9 de enero, debe ser histórica por el plural colapso de las calles de Bilbao o Baiona por la paz, la convivencia democrática, el acercamiento inmediato de los presos a Euskal Herria, la excarcelación de quienes están afectados por graves enfermedades y la libertad de Arnaldo Otegi y Rafa Diez.
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