La disputa decisiva se librará en el Estado de México (Edomex), el más poblado del país, donde por primera vez el PRI podría ser desbancado del poder tras ocho décadas de cerrada hegemonía. De acuerdo a todos los sondeos de opinión, la candidata de Morena, Delfina Gómez, se sitúa en paridad de condiciones para competir con Alfredo del Mazo, primo del presidente Enrique Peña Nieto. No solo está en juego la gobernación del Estado, sino las posibilidades de uno y de otro de allanar el camino a la presidencia en 2018. En el caso del PRI una derrota significaría una profundización del declive que viene atravesando, mientras que, en el caso de Morena, una victoria en la gobernación de un Estado clave del país implicaría un fuerte espaldarazo que podría posicionar a su líder, Andrés Manuel López Obrador, como polo unificador de partidos y fuerzas políticas del espectro de la izquierda y el progresismo, alianzas imprescindibles para su partido de cara a la presidencial.

Históricamente, la mayor parte de los gobernadores del Estado de México provienen del poderoso Grupo de Atlacomulco, un conjunto de familias acaudaladas con intereses económicos y políticos en común, cuyos orígenes se remontan a fines del siglo XIX. A este grupo pertenecen Alfredo del Mazo y el propio presidente Peña Nieto, quien también gobernó el Estado (2005-2011). A su vez, tanto el padre como el abuelo de Alfredo del Mazo han gobernado el Estado de México entre 1981-1986 y 1945-1951 respectivamente.

La importancia en el campo de la política nacional del Edomex deriva de diversos factores: 1) es la entidad federativa más populosa del país, con 16.187.608 de habitantes de los cuales 11.404.743 conforman el padrón electoral (13,26% del total nacional); 2) en 2017 el presupuesto anual del Estado fue de 260.318 millones de pesos mexicanos (cerca de 14 millones de dólares), lo que lo convierte en una importante fuente de recursos para la campaña presidencial; 3) es el Estado con mayor cantidad de diputados federales (hasta ahora 40 que pasarán a ser 41 según la última modificación del INE), los cuales se elegirán en 2018 en simultaneidad con la elección presidencial.

Por primera vez en décadas se prevén, según los sondeos de opinión, unas elecciones competitivas con resultado abierto que podrían poner fin a la hegemonía del PRI y modificar el tablero político de cara a 2018.

La competencia electoral en México entre 1989 y 2012 ha estado dominada por tres partidos: el durante décadas hegemónico PRI, que desde la década de los 80 es un partido neoliberal, el ultraconservador PAN (ambos situados en la derecha política) y la izquierda representada en el PRD, partido que ha tenido un fuerte declive en los últimos años. La emergencia de Morena (escisión del PRD liderada por el que fuera dos veces candidato presidencial de dicho partido, Andrés Manuel López Obrador) cambió el sistema de partidos mexicano. De no mediar una hasta ahora difícil alianza Morena-PRD, la elección de 2018 será la primera que se dirimirá entre cuatro fuerzas competitivas a nivel nacional.

La violencia, la corrupción y las prácticas electorales ilegales (como la compra de votos y el financiamiento irregular, denunciados en todas las campañas incluida la actual) hacen mella en el sistema político mexicano erosionando la imagen pública de los políticos. Según datos de un estudio reciente sobre opinión pública realizado por la empresa Parametría, el 39% de los mexicanos considera que los carteles son quienes más poder ostentan en México, mientras que el 28% opina que es el presidente. El mismo estudio señala que el 36% considera que el narcotráfico hace más obras en las comunidades que el propio gobierno y un 35% de los consultados piensa que las organizaciones criminales generan empleos al país.

La impopularidad del presidente Peña Nieto, la alarma social por el aumento y recrudecimiento de la violencia y la impunidad de los crímenes cometidos, la corrupción generalizada que incluye las detenciones de dos exgobernadores de su partido y el descontento creciente por las consecuencias de su plan neoliberal (gasolinazo, recortes al presupuesto público, aumento de la pobreza y desigualdad) ponen al PRI en dificultades para retener tanto la gobernación del Estado más importante del país, como la presidencia en 2018. La respuesta tibia ante la agresividad de Trump en los últimos meses no ha hecho sino erosionar aún más la legitimidad del gobierno.

En ese contexto, López Obrador volvió a crecer en apoyos posicionándose como el canalizador del sentimiento de orgullo nacional que despertó el «efecto Trump», sobre todo a partir de la visita que, a invitación de Peña Nieto, realizó a México siendo candidato, la cual despertó una ola de indignación generalizada. En la actualidad, la mayor parte de las encuestas sitúan al líder de Morena como potencial ganador de las elecciones presidenciales de junio de 2018. Incluso esa previsión surge en todos los escenarios de un estudio realizado por la presidencia de la república. A pocos puntos de distancia se ubicaría la candidata del derechista PAN, Margarita Zavala (esposa del exmandatario Felipe Calderón). Y recién en tercer lugar se ubicaría el candidato del PRI.

Nuevamente, como en 2006 cuando en medio de denuncias de fraude López Obrador perdió la elección por menos de un punto de diferencia, las posibilidades de que el progresismo llegue a la presidencia de México preocupan a la élite gobernante del país.

Frente a ello, el PAN y el PRI, partidos que comparten los elementos centrales de sus políticas (neoliberalismo económico, manejo corrupto de las instituciones, violencia sistemática desde el Estado) y han funcionado como un tándem político para impulsar las reformas económicas del sexenio de Peña Nieto, se encuentran preparando las condiciones para frenar el avance de la izquierda. En 2005 el desafuero de López Obrador como alcalde de la ciudad de México, impulsado por ambos partidos, lejos de sacarlo de la competencia electoral de 2006, generó el efecto contrario: aumento de su popularidad. Esta vez, la estrategia del PRI-PAN consiste en usar su fuerza parlamentaria para modificar el artículo 81 de la Constitución, introduciendo el mecanismo de la segunda vuelta electoral en la elección presidencial. De esta manera, según el proyecto de ley que ya se discute en el Congreso de la Unión, en caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta de la votación, la elección debería dirimirse en una segunda instancia. En el reacomodamiento de fuerzas de cara a una potencial segunda vuelta, el PRD tendría un rol clave ya que su trayectoria reciente indica que no está clara una alianza con Morena e incluso podría funcionar en coalición con el PRI y el PAN, a los que cada vez es más cercano en posicionamiento ideológico. La estrategia de la élite mexicana podría resumirse en la fórmula lampedusiana «cambiar para que nada cambie», pues se trata de una iniciativa que busca frenar la posibilidad de que exista una verdadera alternancia en el país cambiando las reglas de la competencia electoral, y garantizar así la continuidad en el poder de los dos partidos dominantes.

Por su parte, AMLO ha demostrado capacidad para aprovechar la adversidad y transformarla en sustentos electorales, situando sus propuestas como una alternativa al PRI-PAN. Su principal desafío es tejer alianzas amplias con otros sectores del progresismo y de la izquierda que le permitan a Morena en 2018 perforar el techo electoral de su núcleo duro de apoyo.
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